Carta al gobernador Silvano Aureoles

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SEP
25
2018
Julio Santoyo Morelia, Mich. He seguido con atención las políticas de su gobierno en materia medioambiental. He reconocido públicamente los compromisos que en los primeros meses de su gobierno compartió con los michoacanos. Alentado escuché su declaración del 28 de marzo de 2016 en la que estableció como meta de su sexenio: "revertir lo más posible, los efectos del cambio climático en Michoacán y colocar al estado como vanguardia a nivel nacional en el manejo y cuidado de los recursos ambientales". Vi con simpatía la contundencia del "cero tolerancia a la tala ilegal" y la promoción de la reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán para que las instituciones tuvieran instrumentos para frenar el vertiginoso cambio de uso de suelo que viene aniquilando nuestros bosques y su biodiversidad.
Saludé con entusiasmo la creación de la Policía Ambiental y la constitución de la Mesa de Seguridad Ambiental que coordinaría esfuerzos para enfrentar el grave problema del ecocidio y aplaudí los operativos, que amparados en la ley se realizaron en los primeros meses de 2017 en huertas y cultivos establecidos a costa de quemar, talar y despojar de cubierta vegetal miles de hectáreas de vocación forestal. Saludé con beneplácito la consistencia jurídica con la que se respaldó la desinstalación de varias huertas, tan bien argumentadas que los jueces a los que recurrieron los ecocidas para alegar lo que consideraron una arbitrariedad, le dieron la razón al Estado en todos los casos.
Sin embargo, inesperadamente y sin que se conociera públicamente la razón, en el verano de 2017 las acciones de la Mesa de Seguridad Ambiental se redujeron de manera drástica. Para bien, la semana pasada se reactivó ésta y se anunció la continuidad de acciones permanentes contra el cambio de uso de suelo. Sin embargo, faltan acciones más amplias y mayor coordinación institucional para contener la anarquía ambiental que impone una ruta deplorable de degradación ambiental.
Usted seguramente fue informado de la inconformidad de campesinos, ejidatarios, comunidad indígena y pobladores de los municipios de Madero, Morelia sur, Acuitzio del Canje, Nocupétaro, Carácuaro, Tacámbaro y Huiramba, por el uso de cañones antigranizo, que con la generación de ondas expansivas de gran poder, ahuyentan la nubosidad y las lluvias, además de ocasionar daños a la salud, a la fauna y a la flora en donde operan. Le habrán hecho saber que dichos cañones no están regulados y que su funcionamiento implica violaciones evidentes a las leyes ambientales; le habrán comentado que se ha solicitado la aplicación del criterio de precaución, con base en la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), que es vinculante para México, como medio para proceder a su prohibición.
Los funcionarios ambientales le habrán entregado las 5 978 firmas de ciudadanos de estos municipios -entre ellas las de más de 1,200 niños-, que solicitamos, en el marco de nuestros derechos, su intervención para que se prohíba esta tecnología violatoria del artículo 4° constitucional.
Usted tiene conocimiento de que el pasado 20 de agosto las instituciones que integran la Mesa de Seguridad Ambiental recibieron del Consejo Promotor del Área Natural Protegida Madero-Morelia sur -Acuitzio del Canje y representantes del municipio de Huiramba, la solicitud correspondiente en una reunión en la que las instituciones asumieron 5 compromisos.
Primero: Acciones inmediatas para detener la anarquía ambiental de quienes utilizan tecnologías no autorizadas y parar el daño que ocasionan los cañones antigranizo; Segundo: Revisar la normatividad aplicable de tal manera que se puedan hacer las modificaciones legislativas que sean necesarias para atender este problema; Tercero: Convocar a instituciones como el COECO e instituciones universitarias especializadas para generar una investigación que permita conocer con elementos científicos el daño ambiental y a la salud humana de estos cañones; Cuarto: Campaña inmediata de difusión para disuadir del uso de dichos cañones por los daños a la salud pública, la economía y al medio ambiente; Quinto: Incorporar a instituciones como Sedrua y Sagarpa para que generen normas que eviten que los programas de apoyo para el agro terminen financiando tecnologías anti ambientales.
No obstante la claridad de los acuerdos nos preocupa que NINGUNO de ellos se haya cumplido a más de un mes. El incumplimiento es una falta de respeto a los pobladores solicitantes; la omisión de las instituciones estatales y federales frente a los cañones antigranizo es cuestionable y un precedente más que alienta la impunidad ambiental de los ecocidas. Si algunos cañones han dejado de operar ha sido por el temor de los dueños de las huertas a la inconformidad social que ha estado a punto del desbordamiento.
Es nuestra respetuosa intención preguntarle gobernador ¿es que su gobierno ha abandonado los compromisos ambientales con los que inauguró su mandato? Nos preocupan los hechos: se ha denunciado que en el predio de Coalcomecas de Madero se han talado más de 200 hectáreas que están siendo plantadas con miles de plantas de aguacate; que en la cuesta del Chichis, también de Madero, se quemaron intencionalmente más de 80 hectáreas para sembrarles aguacate; se ha denunciado que en el cerro del Picacho -intervenido por la Mesa el pasado año- se está volviendo a plantar. Se ha denunciado que en el predio El Cajete de Tacámbaro, talado por Adrian Iturbide -el ex presidente de APEAM que acordó con el gobierno la "producción responsable social y ambientalmente del aguacate"-, e intervenido por la Mesa de Seguridad Ambiental, lo va vuelto a sembrar con plantas de ese fruto. Las denuncias, como han invitado las propias instituciones federales y estatales, se han hecho con oportunidad, hace meses. Hasta la fecha la respuesta es la omisión y el silencio, apenas roto por la intervención de la Mesa de Seguridad Ambiental el jueves 20 en Tamanguio de Acuitzio del Canje.
Debe usted saber señor gobernador, que desde hace más de un año, las comunidades del sur de Morelia -participantes del proyecto de Área Natural Protegida- han solicitado, una y otra vez, la intervención de las instituciones ambientales federales y estatales para frenar la extracción desmedida de aguas subterráneas y superficiales que cancelan el derecho humano al agua de los pobladores y ponen en riesgo la disponibilidad de agua para la ciudad de Morelia. Algunas autoridades han verificado la anarquía y la gravedad del problema, sin embargo, el problema sigue creciendo. En esta área poseen predios algunos políticos, que sin obstáculos y con prestanombres, consiguen autorizaciones de Conagua para perforar pozos mientras que los pobladores de Nieves y Loma Caliente, a escasa distancia, la misma institución les ha negado la perforación para uso comunitario.
Jamás se podrá aceptar que el bastante dinero de algunos esté fincando espacios de impunidad ambiental, provocando daños a la convivencia social y a la gobernabilidad; la ruta de nuestro estado no puede seguir el camino de la anarquía y del ecocidio, más que a costa de destruir el futuro; jamás será el tiempo para que las instituciones claudiquen en su deber constitucional para proteger al medio ambiente, no fueron creadas para eso.
Señor gobernador, existe un punto cardinal inaplazable en su abordaje, la urgencia de parar el abrumador cambio de uso de suelo. Este problema es el inicio de un proceso degradante para el medio ambiente y precursor de conflictos sociales, que conduce a las plantaciones ilegales, a la construcción de ollas para acaparar agua, a la perforación de pozos, al uso de agroquímicos y pesticidas que arruinan las poblaciones de insectos polinizadores y contaminan las aguas, a la instalación de cañones antigranizo, a la generación de ambientes de inseguridad en las localidades, al empobrecimiento de las poblaciones originarias por la pérdida de bosques, aguas y fauna. Los ciudadanos hemos tomado la iniciativa localmente. En Madero, los industriales de la madera y de la resina junto con ejidos, pequeños propietarios, comunidad indígena y del Área Natural Protegida hemos establecido el acuerdo de cero cambio de uso de suelo. Le pregunto gobernador ¿es que desde las instituciones no se puede tomar esta iniciativa para promoverla en todo Michoacán y aplicar la ley?
Soy un ciudadano, como cualquier otro, que cree y aprecia las libertades y derechos constitucionales que nos hemos dado y como tal le solicitó retome usted los compromisos ambientales y las acciones con las que inició su gobierno, dé más fortaleza a sus instituciones, promueva mayor coordinación con las instituciones federales, amplié la agenda ambiental, busque con hechos terminar con la impunidad.
Gobernador, a usted y a todos a quienes nos preocupa el medio ambiente sabemos que no hay tiempo que perder. Los daños a nuestra riqueza natural, a la biodiversidad, a la casa en que habitamos los humanos -seres biológicos- tienen un costo elevado en todas las dimensiones: alimentación, salud, convivencia social, cultura, seguridad pública, calidad de vida y paz política.
Soy uno entre millones de michoacanos que le solicita a usted, tenga a bien recuperar y activar una política ambiental a la altura de los graves problemas que tiene nuestra entidad. No hay opción para vacilar o dar contentillo a los poderosos intereses económicos y políticos que están detrás de las plantaciones ilegales, las consecuencias están siendo funestas.



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