Crimen y poder

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AGO
07
2017
Ignacio Martínez Morelia, Mich. Desde hace muchos años el crimen organizado en México tiene su origen en la gran capacidad de los delincuentes en aprovechar los espacios otorgados por colusión y corrupción con los políticos. Prácticamente se encontraban metidos en todas las áreas del poder público, donde hasta los mismos gobernadores tenían apoyos desde el crimen organizado y por lo tanto controlaban todos los espacios para actuar con total impunidad.
En México durante muchos años el culpable favorito podría haber sido el PRI que controlaba todo, incluida la delincuencia, en la década de los ochentas se fueron construyendo cárteles que siempre y en todo momento desafiaron al poder del Estado, infiltrándose primero en las policías y procuradurías, tocando al final a los gobernadores.
No hay que olvidar que la decisión del presidente Calderón de enfrentar a la delincuencia vino precisamente de la voz de alarma de Lázaro Cárdenas Batel por el grado de infiltración al inicio de su sexenio.
Voces se han levantado para decir que todo se resuelve con la legalización de las drogas, aunque debería de existir una estrategia integral donde los recursos que utiliza el crimen organizado para operar sean realmente controlados.
Los grupos delincuenciales han evolucionado y se han diversificado en donde el comercio de drogas era su principal negocio, pero que ahora el secuestro y extorsión se adaptaron a su forma de vida, después al detener a sus cabezas, los grupos se fragmentaron y han actuado realizando delitos del fuero común que asolan diversos puntos del país.
Las voces siguen insistiendo en que Ejército, Marina y Policía Federal deben apoyar a los estados, pero ellos tienen que hacer el esfuerzo de tratar de controlar los embates del crimen organizado.
Michoacán hace su trabajo, intenta profesionalizarse en el marco de la seguridad, tratando de ofrecer mejores condiciones a los policías para evitar que caigan en las garras de la delincuencia organizada.
El caso de Tláhuac vuelve a encender las ya constantes luces rojas en el país, no debemos olvidar el caso Abarca en Iguala, a los gobernadores negligentes o cómplices que se asociaron ellos o sus familias con la delincuencia.
Corrupción, impunidad, falta de hacer cumplir el estado de derecho, complicidad entre autoridades y crimen siguen siendo agenda pendiente de los tres niveles de gobierno.





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