La ordinaria inseguridad

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SEP
26
2016
Julio Santoyo Morelia, Mich. Pareciera una maldición que se ensaña contra los mexicanos, una mala yerba que florece tan pronto la cortas, una mala racha que acumula muchos años, un calvario que deben vivir todas las generaciones y grupos sociales que comparten el espacio y el tiempo de este país. México, hace años, está marcado por la violencia criminal, y algunas entidades viven en luto permanente y en angustia diaria, amenazados, chantajeados, extorsionados, secuestrados, atormentados por salvar la vida, la honra y los patrimonios.
Se llenan anaqueles de estudios y planes gubernamentales anticrimen, de evaluaciones, de propuestas ciudadanas, de partidos, de expertos, de acuerdos en las cámaras, de decretos presidenciales, de discursos gubernamentales por la seguridad, de cifras ampulosas de recursos públicos invertidos en combatir a quienes producen la muerte y el dolor y viven de ello. Miles de hojas en la prensa, miles de minutos de la televisión y en la radio, un caudal de mensajes en los medios digitales en internet, presiden el entorno informativo que predica las políticas públicas anticrimen.
¿Cuántas veces se ha anunciado el advenimiento del paraíso perdido de la seguridad? ¿Cuántas veces han sido derrotados los criminales del momento y exhibidos bajo el cuidado de las fuerzas del orden, para dejar constancia de que han sido reducidos a prisión? ¿Cuántas veces se han pronunciado discursos triunfalistas sobre lo que se ha hecho y sobre la contundencia de lo que se hará después contra las organizaciones criminales? ¡Y sin embargo, siguen ahí!
Ningún ciudadano desea que el gobierno falle en su deber de abatir a quienes han tomado la decisión de delinquir y asesinar a la población haciendo negocio de ello. Por eso cuando los políticos le ofrecen a los electores terminar con ese flagelo motivan la participación y la disposición a sufragar por ellos. Pero también, cuando ello no se cumple, que se ha convertido casi en regla, el desánimo, la decepción, el descrédito y el cuestionamiento ácido son la reacción justa.
Los malos resultados que en materia de seguridad que se reportan en el país, incluyendo desde luego a Michoacán, nos remiten a una realidad cruda y sentida por los mexicanos: las políticas para combatir la inseguridad en el país están fracasando, no han contenido, no han achicado el fenómeno, es decir, el camino hacia el paraíso de la seguridad está errado. La criminalidad sigue creciendo, territorios que hace meses se consideraban como recuperados por el estado de derecho están retornando a manos criminales. Poblaciones que habían logrado recuperar parte de la paz viven nuevamente acosadas por los delincuentes.
Y aunque es público el fracaso y se documenta diariamente con dolor y sangre en el país y en entidades como Michoacán, la obstinación por no reconocer que se falla se constituye en la plataforma para seguir errando permanentemente. De nada sirve ocultar la información cuando la realidad, cruenta y desbordante, camina con velocidad imparable en las redes sociales o en medios independientes.
El gobierno tiene el deber constitucional de otorgar la protección a la vida y al patrimonio de todos los ciudadanos. Es un deber cardinal que si no lo cumple termina perdiendo toda legitimidad y generando vacíos de altísimo riesgo político. Si algo útil pueden hacer en este momento nuestros gobernantes es reconocer que la estrategia anticrimen no está sirviendo, que es preciso plantear nuevos esquemas y reconsiderar lo que han olvidado: si no se ataca y desmontan las fuentes financieras del crimen, este no será derrotado; si no se depuran los gobiernos de quienes desde adentro siguen dando protección a los malos la muerte y la sangre seguirán fluyendo; si no se termina con la impunidad y los juicios blandos y facilitos contra los criminales estos seguirán alentándose; si no se atiende a fondo el tema de la justicia social el propio Estado le estará otorgando base social a la delincuencia; si no se promueven nuevas normativas con respecto al estatuto de legalidad de ciertas drogas y se atiende el problema del consumo como un problema de salud pública, seguiremos teniendo mercado y consumidores penalizados.
Si los gobernantes no quieren cambiar su mala estrategia seguiremos teniendo inseguridad como un fenómeno ordinario, seguirá siendo nuestra maldición, nuestra condena, nuestra mala racha.


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