Los costos de la lucha contra la corrupción

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FEB
13
2018
Rosmi Bonilla Morelia Mich. Ciertamente no hay dinero que alcance. Y menos cuando las necesidades básicas de la población no se encuentran satisfechas.

La teoría de la pirámide de Maslow señala que si no tenemos cubiertas nuestras necesidades fisiológicas (alimentación, respiración, descanso) no podemos aspirar a cubrir nuestras necesidades de seguridad (seguridad física, de empleo, de recursos) y así sucesivamente hasta llegar a la cúspide de la pirámide en donde se encuentran la moralidad, la creatividad, la resolución de problemas.

Con base en ello, es comprensible que, al no contar con servicios básicos, los ciudadanos consideremos que instituciones que procuran la defensa de los derechos humanos, la organización y calificación de las elecciones y la lucha contra la corrupción (que, vista desde la perspectiva de Maslow, estarían en la punta de la pirámide) son una carga inútil al erario.

Sin embargo, los costos de no contar con esas instituciones serían mucho mayores a los presupuestos que ejercen.

En el caso concreto de la lucha contra la corrupción, las cifras oficiales señalan que los actos que se realizan fuera de la norma tienen un costo aproximado del 9 por ciento del Producto Interno Bruto; es decir, mil 600 millones de pesos al año se destinan en el país al coyotaje, "gastos para la gestión", cuotas para acelerar trámites y otros similares.

Hay que precisar que estas cifras corresponden únicamente a las que las empresas reportan y no contemplan las erogaciones que hacen los ciudadanos como usted y como yo para agilizar algún trámite, evitar alguna multa mayor o tener acceso a algún servicio de manera expedita.

Por otro lado, en el caso de Michoacán, si se lograra que al menos tres casos de ex funcionarios (de los muchos que hay) se castigaran y se les obligara a pagar la fianza que se fijaría en cada uno de sus asuntos, hablaríamos de una recuperación de 150 millones de pesos aproximadamente a las arcas del estado. Solamente por el pago de fianzas, no por el resarcimiento del daño que sería el ideal.

Ante estas cifras, pareciera que el presupuesto que se propone para la operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es pequeño.

Sin embargo, se trata de un presupuesto diseñado con base en una estructura suficiente pero eficiente para atender las demandas ciudadanas, elaborar la base de datos de denuncias y funcionarios sancionados que nos exigen la ley, incorporarla a la plataforma nacional, enriquecerla cada que se requiera, generar un diagnóstico basado en la experiencia no en la percepción y proponer políticas públicas para la prevención y el combate a la corrupción.

No es un trabajo menor el que está frente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y para ello solicita lo que equivaldría a menos del 0.5%del presupuesto que ejerce Michoacán.

Comparto la idea de que 27 millones de pesos es mucho dinero ante las demandas ciudadanas de mejores servicios de salud, educación, agua potable, calles pavimentadas, etc. Sin embargo, permítame compartirle esta reflexión: ¿No resulta mucho más costoso no contar con medicamentos en las clínicas públicas? ¿No resulta mucho más costo un modelo educativo cuyo sindicato exige millones de pesos?

Bien, pues el combate a la corrupción es un aliado para simplificar trámites, evitar desfalcos y trasparentar procesos y manejo de recursos públicos evitando que las medicinas se ofrezcan a la administración estatal con precios triplicados y evidenciado que los sindicatos, en muchas lamentables ocasiones, reciben los recursos pero no los distribuyen como deberían acrecentando las demandas de sus agremiados.

En el Sistema Estatal Anticorrupción tenemos el compromiso de ser eficientes, de no generar estructuras obesas, de ceñirnos al Plan de Austeridad, de no generar gastos de representación, celulares, gasolina o vehículos. Somos congruentes.

Fuimos creados como una paraestatal y, como tal, somos un ente público, que ejercerá recursos públicos. Así lo señala la ley. A ello le sumamos que el primer año de operación debe establecerse físicamente la institución, es decir, contar con un inmueble, adquirir el mobiliario necesario, el equipo de cómputo, etc, lo que los administradores llaman gastos de instalación.

A pesar de ello, comparto con quienes piensan que los costos del combate a la corrupción, en un mundo ideal, serían absurdos. Pero nuestra realidad nos exige que hagamos algo. Por ello, no lo dude, no seremos una carga más para los contribuyentes sino un ejemplo de buenas prácticas, de dedicación y esfuerzo para dar resultados. México, Michoacán, pero sobre todo, los ciudadanos, lo necesitamos y así lo exigimos.



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