Ojalá sólo fuera el organigrama del gobierno

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JUL
13
2015
Julio Santoyo Morelia, Mich. Cuando se instaló la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán en enero de 2014 el paisaje que prevalecía en la entidad era desolador. Las instituciones del gobierno estatal y las municipales habían dejado de funcionar y estaban subordinadas al crimen organizado. El propio ejecutivo federal había reconocido en tono moderado la debilidad de las instituciones. El movimiento de autodefensas expresaba la condición límite que muchos ciudadanos vivían y que los había llevado a tomar las armas.
Si el crimen organizado había llegado hasta la Casa de Gobierno qué podía esperarse en los municipios que no fuera el dominio oprobioso del crimen. Las instituciones que debían proveer la protección de los derechos constitucionales de la población no cumplían más esa función. Fueron convertidas en oficialías de partes de los capos regionales. Y todo esto lo sabía el presidente por eso reconoció públicamente que las instituciones en Michoacán estaban debilitadas.
Uno de los ejes de trabajo que se impuso la Comisión que encabezó Alfredo Castillo aludía al fortalecimiento de las instituciones porque el caos michoacano no sólo tenía que ver con seguridad y con la urgencia de atacar a la delincuencia y desarticular su organización, tenía que ver con algo aún más delicado: el naufragio y la descomposición de las instituciones públicas. Lo ordinario era que en partes del territorio estatal las instituciones estaban fallando, estaban ausentes, no proveían seguridad, no garantizaban la vida, no ofrecían servicios regulares, no protegían el trabajo y la actividad económica legítima, estaban imposibilitadas incluso para proteger el abasto de alimentos, medicinas y combustibles.
A pesar de esta crisis el eje del fortalecimiento de las instituciones no implicó un eficaz despliegue de acciones y tampoco tuvo un seguimiento y una evaluación que nos permitiera saber, a más de un año de distancia, cuál era finalmente la condición de las instituciones estatales y municipales. No se supo a ciencia cierta hasta dónde estaban corrompidas, hasta dónde estaban infiltradas, hasta dónde estaban cumpliendo adecuadamente su propósito constitucional, hasta dónde seguían siendo confiables. Terminó la gestión del Comisionado y con él se cerró el capítulo de las débiles instituciones michoacanas, el discurso de cierre destacó el cumplimiento exitoso de su trabajo entendiendo con ello que todo había regresado a la normalidad.
Lo cierto es que el retorno a la normalidad de seguridad, paz y trabajo ha sido una fábula, no se corresponde con la vida real. La delincuencia está de regreso o seguramente nunca fue derrotada; los pueblos siguen protagonizando alzamientos anticrimen y denunciando la inacción de las instituciones; el secuestro, la extorsión, los asesinatos están ahí de nuevo dando constancia de la febril actividad delincuencial; la ingobernabilidad ha permanecido y tiende a agudizarse sin que se vislumbren tiempos de remanso. El efecto de la aspirina que le suministró a Michoacán el gobierno federal a través del Comisionado ha perdido su efecto.
El analgésico de la elección del 7 de junio que incitó el optimismo del electorado está perdiendo rápidamente fuerza. La crudeza se impone, la terca realidad no da tregua. Imposible no percibir que la problemática insuficientemente atendida por el Comisionado Castillo le está haciendo crisis el gobernador Jara y que esa seguirá siendo la misma realidad crítica que deberá atender el gobernador electo a partir del 1 de octubre.
Y como realmente no hubo un cambio cualitativo de la realidad, y Michoacán no es diferente, mal hace el gobierno electo al no poner su atención en ese gigantesco detalle. El problema que tiene el gobierno michoacano no es de organigrama, de si suprimen esta o aquella entidad. El problema es mayor, es de profunda perspectiva política, de instituciones que siguen siendo fallidas. El problema es que las instituciones de justicia no hacen justicia; el problema es que las instituciones de seguridad no garantizan la seguridad; el problema es que las instituciones de gobernación no dan pie con bola en la gobernabilidad; el problema es que las instituciones que administran las finanzas públicas siguen con las arcas vacías y sin sancionar a quienes tomaron el dinero; el problema es que las instituciones que deben proteger el medio ambiente son incapaces de proteger un estanque; el problema es que las instituciones que regulan el transporte no regulan nada, y así con otras más.
Ojalá todo fuera un asunto de organigrama, eso significaría que el diagnóstico no advierte males mayores y que es suficiente con quitar y poner cuadritos y líneas al organigrama. Sin embargo, nos debe preocupar, y mucho, que el nuevo gobierno crea sinceramente que el problema se reduce al rediseño del organigrama y no vea lo demás: el naufragio de las instituciones gubernamentales.




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