Pisoteando la Ley

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SEP
19
2017
Daniel Ambriz Morelia, Mich. Para llevar a cabo un fin perverso, estorba la ley, el gobierno de Michoacán se ha apartado de los principios fundamentales para el ejercicio de un buen gobierno, en el terreno educativo se encuentra cautivo por voluntad propia, es el justificante perfecto para pisotear la ley, estableciendo pactos extralegales con la disidencia magisterial que dan al traste con la intención nacional de poner orden y mejorar el sistema educativo. En Michoacán, el principal obstáculo para llevar a la práctica los preceptos Constitucionales establecidos en la fracción III y IX del artículo 3°, es la autoridad educativa, es el propio gobierno, y de paso, su brazo ejecutor, la CNTE.
¿Qué fin perverso es el que mueve a estos actores a violar la ley trastocando los derechos laborales de los trabajadores y los derechos de los niños y de los jóvenes de la entidad a recibir una educación de calidad?, los fines pueden ser muchos, pero al menos dos saltan a la vista, por un lado, mantener el esquema de corrupción que permite la asignación directa de plazas y horas perpetuando el clientelismo político, y por el otro, mantener cautivo una fracción del voto electoral para futuras postulaciones a cargos de elección popular por el partido en el gobierno. Por supuesto que esos fines no justificarán jamás los medios de los que se están valiendo para lograr sus objetivos.
La incongruencia es el veneno que deteriora la imagen y merma las posibilidades de éxito de un político, haber declarado al principio de la presente administración de gobierno no negociar la ley ni establecer pactos extralegales con grupos magisteriales, es un boomerang que se vendrá de regreso y hará el impacto establecido por la física en la ley de causa y efecto, pero desgraciadamente, ese efecto alcanzará a quienes nada tienen que ver con la causa que lo provocó, la esperanza de quienes buscan liberarse de la manipulación y del sometimiento se verán mermadas, como también, el estancamiento de la población más vulnerable que busca la movilidad social a través de una mejor educación para sus hijos. Actos de esta naturaleza quedarán registrados en la historia por la falta de un ejercicio ético en la administración pública y por la ausencia de valores en la formación personal de quienes ejercen actos de gobierno o de representación gremial.
Los preceptos jurídicos que se han violado como producto de presiones y de negociaciones extralegales son muchos, para ilustrar lo antes dicho señalaré la violación de la fracción III del artículo 3° Constitucional y por consecuencia, varios de los artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente(LGSPD) que reglamenta la aplicación de la mencionada fracción y que se encarga además de regir el Servicio Profesional Docente y de establecer los criterios, los términos y las condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio como lo señala claramente el artículo 1° de dicha Ley, se han violado además; el artículo 5°, ya que en el cumplimiento de las obligaciones que establece la LGSPD no se han observado cabalmente los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia; se han trastocado también las fracciones VIII y XIV del artículo 8° al no ofrecer cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño, ni respetar la prelación en el otorgamiento de plazas al personal que ha resultado idóneo para el ingreso, y tampoco, expedir el nombramiento y las respectivas órdenes de adscripción con efectos desde el inicio del ciclo escolar como lo señala la ley.
Otro artículo de la LGSPD que se ha violentado en múltiples ocasiones es el 21, ya que la autoridad educativa local sigue asignando plazas y horas de manera directa fuera de un concurso de oposición; de igual manera se ha trastocado el artículo 22, por la falta de tutores durante los 2 años de inducción tanto a todos los idóneos de ingreso como a los de promoción; el artículo 23 debido a que el personal idóneo lo cambian de adscripción de manera arbitraria durante el transcurso del ciclo escolar; el artículo 25, 32, 40 y 70, dado que no ha existido sanción alguna para los funcionarios de la Secretaría de Educación que han autorizado ingresos, promociones y otros actos administrativos fuera de la ley; el artículo 33 por no brindar facilidades a la organización sindical reconocida para participar en las tareas de observación de los procesos de evaluación y el artículo 59 por no brindar una adecuada y pertinente formación continua y desarrollo profesional a los docentes en servicio, entre otras violaciones más.






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