ABR 232017 En estas mismas páginas, en una entrega previa, afirmamos que la actividad de una cantidad importante de aguacateros (la mitad de las 150 mil hectáreas plantadas con ese fruto en Michoacán son ilegales), venían actuando como Delincuencia Ambiental Organizada. Los hechos lo vuelven a confirmar, a confesión de parte ... todo está dicho. Los malos aguacateros le piden al gobierno, bajo la presión del chantaje por la toma de carreteras, que no cumpla con la ley, es decir, que les otorgue una "patente de corso" para deforestar los bosques y plantar aguacates, para erosionar, para succionar el agua de ciudades, pueblos y rancherías, para modificar los microclimas y arruinar el derecho a la vida de humanos y demás especies. Afirman investigadores del INIRENA de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que un aguacate en producción necesita el agua que producen 14 pinos maduros. ¿De dónde demonios van a sacar agua para 150 mil hectáreas de aguacates más las miles que quieren sumar año tras año? ¿De dónde si para plantarlo tienen que derribar millones de pinos? ¿De dónde si están provocando la desecación de ríos, arroyos y mantos freáticos con la construcción, también ilegal, de monstruosas "ollas" para robarse el agua que por siglos ha dado vida a los pueblos y a su agricultura y ganadería de autoconsumo? Hace aproximadamente un mes la Procuraduría Ambiental públicamente les propuso a los aguacateros que reforestaran el 30% de sus huertas ilegales con la pretensión de caminar a la legalización del resto y pararan la destrucción. La respuesta fue el silencio declarativo pero en los hechos respondieron, como si en guerra estuvieran, derribando más bosques y quemando otros para satisfacer su voracidad y ambición por el "oro verde". La toma de carreteras del viernes pasado es la continuidad de su obsesiva postura: diálogo sí, pero para tener garantías de impunidad. La esencia de su postura es clara: ¡que se jodan los bosques y las aguas de Michoacán, mientras nosotros podamos llenarnos las bolsas de billetes¡ Ante el problema los michoacanos tenemos dos opciones. La primera, consentir que el gobierno les entregue la carta de impunidad que los aguacateros exigen para exterminar los bosques y apropiarse de la poca agua que deja la deforestación con la justificación de que las plantaciones de "oro verde" generan cuantiosas ganancias, y con ello dejarlos contentos y no tomen más carreteras, aunque en el plazo inmediato veamos colapsar todos nuestros ecosistemas y con ellos la ruina de los habitantes de ciudades, poblaciones y rancherías. La segunda, exigirle en todos los foros al gobierno para que aplique puntualmente la ley, para que revierta la deforestación, reforesten las huertas ilegales, castigue el cambio de uso de suelo, clausure y tape las "ollas" roba aguas, establezca inmediatamente una norma oficial de aguacate ambientalista y obligue a los aguacateros transgresores a pagar los costos de la catástrofe ecológica que están propiciando. La primera opción representa la muerte, la segunda la vida. La alternativa es clara ¡Ay de nosotros si nos cruzamos de brazos! Si por más de un año, quien fuera Coordinador General del Gabinete del Gobierno Michoacano, Víctor Lichtinger Waisman, conocedor del tema ecológico sostuvo innumerables encuentros con los representantes de los aguacateros para atender este problema y no logró obtener de estos ningún compromiso efectivo para frenar el ecocidio y para que se ajustaran a la ley, quiere decir, que estas personas no tienen voluntad de diálogo y que, por lo que se ha visto, prefieren moverse en el plano de la Delincuencia Ambiental Organizada, por eso les importa un comino el interés de la sociedad y las leyes, por eso se ajustan a su precepto: ¡Que se jodan los bosques y las aguas de los michoacanos si nosotros podemos ganar dinero! |
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