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NOV
27
2018
Daniel Ámbriz Morelia, Mich. Sin duda que el anuncio mediático que a nivel nacional hiciera el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, el lunes 26 de noviembre del año en curso desde la capital del país, tomó a muchos por sorpresa, entregar a la federación los servicios educativos de educación básica y Normal que presta el gobierno local a través de sendos escritos entregados a las dependencias del gobierno federal que tienen que ver con este tema y que además, el contenido medular de la medida fue publicado en el Periódico Oficial del gobierno de estado, el mismo día de la rueda de prensa donde se dio tal anuncio, no es un asunto que debe desestimarse por su profundidad política, su repercusión económica, pero sobre todo, por la implicación laboral y legal que esta medida traiga consigo.
El hecho revela sumas escandalosas de dinero que el estado de Michoacán necesita para cubrir compromisos contraídos en distintos momentos del pasado y que no quedaron respaldados el presupuesto oficial del gobierno del estado, con esto se pone en evidencia la actitud populista de gobiernos "democráticos" irresponsables que en aras de una falsa gobernabilidad política pactaron de manera abierta y también bajo la mesa con la expresión radical del magisterio que carece del reconocimiento legal ante los tribunales competentes, cometiendo por esto además, múltiples violaciones a la ley, perjudicando a miles de trabajadores de la educación y también, a otros sectores de la sociedad que cobran con cargo al erario del gobierno estatal. Los hechos en sí, tanto por el gobierno como por el magisterio radical son escandalosos y antiéticos.
Debemos entender que el paso dado no es una tarea simple, no se trata de regresar a la federación los servicios educativos y que con eso quedará todo arreglado, ¡no!, la acción que fue anunciada tiene diversas implicaciones y varias aristas que debemos tomar en cuenta, en primer lugar el entregar por escrito una determinación tomada no quiere decir que ya esté resuelto el problema, jurídicamente habrá que ver si esa intención tiene viabilidad y es procedente, de lo contrario la respuesta de la federación será negativa. Cabe recordar que todo parte del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmada entre el gobierno federal, el SNTE y todos los gobernadores de los estados de la República Mexicana, el 18 de mayo de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después, habrá que revisar los puntos de ese acuerdo para saber si el gobierno de un estado por motu proprio se puede retirar de manera repentina y a su arbitrio. De igual forma, en los términos y alcances de dicho acuerdo se debe dilucidar quién no ha cumplido, quién ha sido omiso y quien se sobrepasó en las atribuciones legales que le da el acuerdo a cada institución firmante.
Así como en 1992, se respetaron en cada una de sus partes del ANMEB todos los derechos de los trabajadores de la educación, ahora también, si se intenta dar reversa a un acuerdo que se considera "desventajoso", se debe cuidar que los derechos laborales de los trabajadores no sean trastocados de ninguna manera, al igual sus prestaciones y su seguridad social. El asunto es delicado y como no es unilateral, sino que es tripartita, los actores restantes deben hablar también y exponer su punto de vista y su posicionamiento sobre el tema. El gobierno federal debe fijar pronto una posición porque de no hacerlo corre el riesgo de que las demás entidades federativas hagan lo mismo que Michoacán y se le genere un caos al gobierno electo
Viene el cierre de este año fiscal, lo peor que le pudiera pasar a los trabajadores de la educación sería que sus pagos de salarios y demás prestaciones se pusieran en riesgo, o lo que es peor, que la medida anunciada por el gobierno de Michoacán sea una estrategia para sacudirse la responsabilidad institucional que tiene para pagar a sus trabajadores. Todos deseamos que el problema de falta de pago a las plazas estatales se resuelva, pero sin poner en riesgo sus derechos laborales, sus prestaciones económicas, ni su seguridad social.



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