Sin concesión al ecocidio

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MAR
20
2017
Julio Santoyo Morelia, Mich. El avance de la devastación forestal que hemos presenciado en Michoacán en los últimos años supera con creces las acciones restitutivas que el gobierno de la entidad viene realizando. Y es que durante mucho tiempo los gobiernos fueron omisos en el cumplimiento de las leyes forestales y ambientales. En la década que ha transcurrido, han documento con datos duros tanto instituciones gubernamentales como centros de investigación, que son miles de hectáreas las que anualmente se pierden, principalmente para plantar en ellas huertas de aguacate. Y de esas miles de hectáreas apenas unas cuantas han sido recuperadas para su vocación natural y para recuperar las ecosistemas perdidos.
El balance que ahora tenemos no es halagüeño, la cantidad de bosques perdidos es gigantesco comparado con lo recuperado. Es decir, que el daño que se le está haciendo al clima, a los ecosistemas, a la capacidad de captura de agua en los mantos freáticos, en arroyos y ríos, es un hecho consumado y parece que en ese punto pretenden mantenerse los malos aguacateros que han dañado el patrimonio biológico de todos nosotros los michoacanos. Su posición es que lo hecho, o sea lo deforestado, debe darse por perdido y como aceptado en su nuevo uso de huerta.
Una posición semejante es inaceptable, legal, ética y ecológicamente. Es inadmisible porque supondría la claudicación de la ley y de las instituciones que tienen el deber de hacerla cumplir, estarían incurriendo en prevaricación; no puede ser aceptada éticamente porque hacerlo supondría la pérdida de credibilidad de las instituciones y asumir que los daños que de ello se están derivando contra la sociedad deban ser pagados por todos nosotros para salvar los pesos mal habidos de una minoría; y no puede permitirse ecológicamente porque hacerlo implica entregar una patente de corso a quienes destruyen el medio ambiente para que terminen destruyendo el hábitat de todos nosotros.
Son oportunos y muy necesarios los operativos para detectar y en el caso de ilegalidad ambiental, destruir las huertas aguacateras, pero son aún insuficientes. Los malos aguacateros, esos que hipócritamente dicen que desconocen la ley, que sus actos son de buena fe y que han sido engañados por "falsos" agentes para regularizar sus huertas, y que por ello ahora claman, exigen al gobierno que pare en nombre de su "trabajo honrado", continúan deforestando. Actúan como el dicho, "a dios rogando y con el mazo dando": acusan al gobierno de dañar sus inversiones en huertas ilegales y piden diálogo y acuerdos, pero simultáneamente continúan sus operaciones financieras para comprar predios forestales y convertirlos en huertas, continúan deforestando, quemando, limpiando, construyendo ollas de hasta 10 millones de litros.
Es imprescindible que el gobierno de seguimiento a las huertas suspendidas en operativos previos pues en muchos casos tales huertas están siendo restituidas y hasta continúan ampliándose y las ollas siguen acaparando el agua. Sería recomendable una intervención de autoridades locales: ayuntamientos, encargaturas del orden, comisariados ejidales y consejos comunales, que habiéndose conocido públicamente la sanción decidida contra el huertero y las restricciones sobre el predio afectado, tomaran acciones de observancia y seguimiento para evitar que burlaran la ley.
La visión ambiental implícita en nuestras leyes forestales no sólo implica las prohibiciones para deforestar y exterminar ecosistemas, obliga también a lo esencial: restituir. Esto deberá significar, sin lugar a dudas ni a concesiones, que las huertas ilegales como lo están haciendo los operativos del gobierno, deben ser cortadas y suspendidas, pero inmediatamente después tales predios deben ser restituidos a su condición forestal. Es ya una buena noticia que a la semana ocurran distintos operativos para atacar las huertas ilegales, ojalá fueran más, pero sería más que elogioso que tuviéramos información puntual y verificable del número de hectáreas que por mes han sido recuperadas para la restitución forestal y la regeneración de ecosistemas. El ecocidio no puede tener concesión, hacerlo es poner en riesgo la sustentabilidad de la vida de los michoacanos.


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