MAY 172017 En el pleno, el legislador del tricolor reiteró su llamado a que el gobierno estatal modifique sus prácticas basadas en mecanismos de ilegalidad contra los productores de aguacate, al señalar que amplios sectores de la sociedad que aportan a la actividad productiva del estado y contribuyen al desarrollo económico han manifestado su inconformidad por la actuación discrecional con la que han actuado las autoridades. Posteriormente en entrevista, agregó que no se puede criminalizar esa actividad, que constituye uno de los principales ingresos de producto interno bruto para el estado y el país, pero además expuso que basar las acciones de política ambiental en cuestiones reactivas y no preventivas, no contribuyen a proteger el medio ambiente. El diputado del PRI, sostuvo que no se puede pasar por encima de la Constitución con la violación al debido proceso, porque ello, no solo vulnera los derechos de la ciudadanía, pone en entredicho el actuar de la autoridad y se cuestiona los métodos para lograrlo, subrayó el legislador del PRI. Las afectaciones al patrimonio de cientos de familias del centro del estado de Michoacán, principalmente Uruapan, Los Reyes, Periban, Tancitaro, Tacàmbaro, San Juan Nuevo y Ario de Rosales, a quienes dijo, se les aplicado la norma de manera retroactiva pese a que la Ley establece lo contrario, genera desconfianza entre los ciudadanos, productores y miles de familias que viven directa e indirectamente de esa actividad. Subrayó que en base a la normatividad local, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán está obligado a formular y conducir la política ambiental del Estado, aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley; y de esas políticas ambientales ha carecido el estado, incluso en el Plan Estatal de Desarrollo las metas previstas, siguen sin cumplirse. |
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