Urgente redireccionar el sistema de pensiones y jubilaciones

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NOV
01
2017
Rocío Pineda Gochi Ciudad de México A nivel mundial la gran mayoría de los países, principalmente aquellos que están vías de desarrollo y los subdesarrollados, enfrentan grandes retos y latentes problemáticas para garantizar y hacer efectivos los derechos que giran en torno a la seguridad social.
Aunque jurídicamente los Estados tienen la obligación de proveer y dar acceso permanente a diversos mecanismos de protección social, los cambios demográficos, los saldos de la adopción de modelos económicos ?neoliberales y socialistas?, y las crisis globales, son algunos de los factores que han influido en su calidad y en su cobertura, fundamentalmente en el éxito y el fracaso de las políticas y programas sociales.
En nuestro país hablar de seguridad social es hablar de cobertura de salud, tanto para trabajadores formales como los que no lo son, vivienda y préstamos personales, protección contra accidentes de trabajo y por enfermedades asociadas al ámbito profesional, gastos funerarios y el sistema de pensiones por retiro, invalidez, antigüedad, edad avanzada, cesantía, orfandad y viudez.
Si bien todos estos derechos tienen rango constitucional, todavía tenemos algunos pendientes en materia de salud y un creciente problema en el sistema de pensiones. Desde tiempo atrás, especialistas, académicos y una serie de estudios han convalidado la complejidad y el riesgo que tendrían millones de trabajadores mexicanos, si seguimos con esta inercia negativa que ha aumentado de manera considerable, el pasivo que el gobierno federal tiene que pagar por este concepto.
En el análisis que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria dirigido por Héctor Juan Villarreal Páez, estimó que el pago de pensiones para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 representó el 15.5 % y el 3.7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Llama la atención la desigualdad que existe entre pensiones de trabajadores del propio gobierno federal, y la coexistencia de sistemas, modelos y esquemas de pensiones distintos, cada uno con sus propias tasas de cotización y de reemplazo, así como reglas, incentivos, condiciones y beneficios, además de que son independientes entre sí.
Esta complejidad no pudo ser resuelta con las reformas de 1997 que creo el nuevo sistema de contribución definida de cuentas individuales para trabajadores del sector privado, y la reforma de 2007 para los trabajadores del sector público. La realidad es que la presión estructural que ejercen las pensiones de las instituciones gubernamentales y la falta de mecanismos que garanticen la suficiencia financiera, son problemas que siguen sin resolverse.
En el estudio que realizó la OCDE el año pasado, recomendó la necesidad de aumentar el nivel de las contribuciones obligatorias; crear una red de protección social a la vejez (pensiones sociales); y atender la fragmentación del sistema de pensiones.
Para ello será necesario hacer un análisis profundo donde participen todos los actores involucrados, y se plantee la necesidad de realizar diversas reformas que fortalezcan el marco regulador de la CONSAR y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en lo referente a estrategias y restricciones de inversión de las AFORE y rentas vitalicias; que instrumenten mayores programas para incentivar el ahorro; que aumenten la densidad de contribución y disminuyan la informalidad. La cobertura, las comisiones, el monto y la edad de retiro, la opacidad y poca transparencia ?como la de algunos los estados y universidades?, el ahorro y la informalidad son retos que tenemos que atender en lo inmediato y que no podemos postergar.


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