El derecho al agua es un derecho humano, así lo define la constitución, la anterior Ley de Aguas Nacionales y así lo establece la nueva Ley General de Aguas en la que, además, se propone establecer las disposiciones para garantizar su acceso equitativo y su uso sustentable.
Que todos debemos tener acceso al agua es una premisa incuestionable. El problema, como dice el dicho popular es que el diablo está en los detalles y en la rutina. Y es que la equidad en el acceso al agua está decidida, más allá del entorno geológico y climático, por la infraestructura existente y el poder económico de quienes pretenden acceder a ella.
Las características del desarrollo económico de una región determinan los usos del agua imponiendo una jerarquía de facto que ordena a los usuarios por su poder económico o por su capacidad política para reclamarla. Esta dinámica es la que ha ordenado los usos de agua durante décadas y la que ha propiciado conflictos de sobrevivencia y gobernanza que han llevado, en distintos momentos, a regiones, entidades y municipios a poner en riesgo su estabilidad económica y política.
A pesar de que las categorías de sustentable y sostenibilidad han estado presentes en las leyes mexicanas desde hace bastantes años, y que deberían de ser conceptos reguladores del desarrollo económico, lo cierto es que más bien tenemos un desarrollo desregulado en el que la idea de lo sustentable y lo sostenible no pasan de ser palabras y frases que apenas si se muestran en los documentos de política pública.
Garantizar el acceso al agua para todos bajo los criterios de lo sustentable y la sostenibilidad, y que su disposición sea equitativa a partir de las necesidades de crecimiento económico de los negocios de cada persona, es una tarea en la cual deberán poner empeño los economistas, los desarrolladores y los gobernantes. Y es que en los hechos siempre tendrán más agua los agentes productivos y más aún los agentes productivos con mayores capacidades económicas para instalar industrias, campos de cultivo o huertos de frutales.
El crecimiento desregulado, y en muchos casos fuera de la ley de sistemas productivos, jamás consideró que el agua es un elemento finito y que su disposición conoce una frontera infranqueable: la inexistencia del recurso. En su carrera caótica tampoco consideró que la única manera de acceder a más agua es quitarles a otros la que tenían asignada. Este tipo de desarrollo, en su miopía, no busca comprender que el agua necesita de bosques y de ecosistemas que también está destruyendo.
La magnitud de la tragedia hídrica en Michoacán se ilustra con un dato perturbador: la existencia de más de 37 mil hoyas de agua sin autorización legal para concentrar los escurrimientos serranos que por siglos alimentaron ecosistemas y poblados que hoy deben enfrentar la carencia.
Existen municipios como Pátzcuaro, Ario de Rosales y Madero, en los que el acaparamiento de aguas es tal que cualquier asomo de sequía se traduce en crisis hídrica aguda porque las reservas de agua provenientes de escurrimientos han sido casi en su totalidad acaparados por unos cuantos. La sequía de 2024 puso al desnudo esta realidad y mostró los riesgos sociales que conlleva.
El gobierno de Michoacán ha anunciado que pronto tendrá el programa "Guardian del Agua" que será una herramienta para detectar los usos insostenibles del agua. Si lo hace tendrá un reto extraordinario porque más allá de mirar e identificar con imágenes y geolocalización cada hoya huachicolera, deberá buscar que se corrija, se sancione, se remedie y se restaure, para que esa agua fluya hacia los ecosistemas que mueren por estrés hídrico y hacia los poblados que han mermado su existencia y su productividad tradicional.
¿Qué hará el gobierno con esas más de 37 mil hoyas? ¿Propondrá un plan para su regularización? ¿Cuántas y cuáles sí deben ser regularizadas y bajo qué criterios? ¿Cuáles deben ser clausuradas y bajo qué criterios? ¿Hasta dónde se aplicarán las leyes vigentes que han sido violadas, por ejemplo, en materia de estudio de impacto ambiental, de cambio de uso de suelo, de carencia de concesiones de agua, deforestación, o de ausencia de permisos de construcción de Protección Civil?
El reto gubernamental deberá resolver el problema del acceso al agua de los michoacanos, hacer justicia hídrica, remediar, proteger y restaurar los ecosistemas necesarios para que el ciclo del agua sea continuo y generoso, y resolver las encrucijadas planteadas por un desarrollo caótico que casi nada tiene ni de sustentable ni de sostenible.