El ayuntamiento de Morelia está endeudado por obras públicas irregulares, ejecutadas en la pasada administración; reconoció la comuna una deuda con Antonio Huante Pérez por un millón de pesos, éste fue el encargado de ejecutar la pavimentación de las calles: San Luis, Santa Elena y Santa Rita, de la colonia Gertrudis Bocanegra.
En sesión de cabildo, por mayoría, autorizaron a los titulares de las Secretarías de Efectividad e Innovación Gubernamental, Desarrollo Metropolitano e Infraestructura Social; Administración y Tesorería, respectivamente, para que por su conducto se formalice y subsane el procedimiento pendiente con la finalidad de efectuar el pago correspondiente de dicha obra, una de 7 que están en una supuesta lista.
Al respecto el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar explicó que el acuerdo que se autorizó tiene como objeto la regularización del procedimiento para llegar a pagar legalmente, lo cual traerá un daño al presupuesto, mismo que tendrá que enfrentar en este año o el que sigue.
"El procedimiento que sigue, una vez subsanado la forma, tenemos que afectar el presupuesto de acuerdo a las reglas de operación; se tendrá que pasar a cabildo y votar para evitar que sea un tema de desvío de recursos", señaló.
Y es que Fernando Santiago Herrejón indicó que debe existir una responsabilidad más grande en el manejo de las "irregularidades", ya que el recurso no se encuentra en las arcas municipales, pese a que estaba presupuestado en la administración pasada, de ahí que no existe el techo presupuestal para hacer frente a la obra.
De igual forma, el regidor Jorge Tinoco explicó que en el caso particular de las obras de Gertrudis Sánchez se trató de una afectación al proveedor, sin embargo el Ayuntamiento está siendo responsable y reconoce la deuda aunque son temas irregulares, como otras siete obras más que están siendo atendidas por la Contraloría Municipal.
Por lo anterior, Benjamín Farfán aseguró que se trata de problemas "grabes" porque no existe el recurso, es decir que hay un evidente "desvío", debido a que la obra estuvo programada, presupuestada y ejecutada; y aunque se trata de obras de la pasada administración no se sabe si ésta dejó el recurso o no.
Finalmente en entrevista, el contralor municipal, José Orozco Toledo explicó que el tema de las cancelaciones se refiere a obras que fueron incluidas en el Programa Anual de Inversión 2016, las cuales estaban contempladas en el 2015 y se refrendaron por la actual administración.
"Las cuales revisando su proceso concluimos que eran obras que ya estaban terminadas y por lo tanto no tenían que estar en el PAI vigente" detalló el funcionario municipal.
Según el contralor el procedimiento adecuado es hacer un reconocimiento por parte de la administración actual, en tanto la Contraloría tiene que hacer las investigaciones correspondientes porque son pagos pendientes.
"Los compromisos fueron contraídos con el Ayuntamiento y no por las administraciones" por eso el constructor tiene el derecho de hacer valer los contratos e incluso cobrar penalizaciones por el incumplimiento de los mismos.