Después de escuchar las peticiones de quienes se manifestaron con bloqueos en 11 puntos de la geografía michoacana, registrados durante varias horas del domingo anterior, y luego de un dialogo de más de cuatro horas, funcionarios del gobierno de la República y del gobierno estatal, encabezados por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, llegaron a diversos acuerdos con los grupos de civiles e integrantes de la Fuerza Rural, entre ellos que éstos no podrán salir de sus municipios, que se desintegrará el G250 (comando especial destinado a la búsqueda de presuntos criminales en la sierra de la entidad), además de impulsar el crecimiento económico, la inversión privada, crear fuentes de empleo y programas sociales.
Entre los pactos están: Uno, que los grupos civiles organizados que se habían autodenominado autodefensas se abstendrán de movilizarse fuera de los municipios que habitan.
Dos, que con los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad, la entidad está en otra fase, con ello el grupo operativo denominado G250, que se incorporaba a los elementos de la Fuerza Rural y tenían movilidad en todos los municipios de la región de Tierra Caliente, se desintegra.
Tres, los miembros de este grupo operativo especial retornarán las armas que les hayan sido proporcionadas porla Secretaría de Seguridad Pública, conforme a los lineamientos de la Licencia Oficial Colectiva.
Cuatro, los líderes de este Grupo Especial mantendrán un cuerpo de seguridad personal para garantizar su integridad física.
Cinco, los procesos de evaluación continuarán para aquellas personas que se hacían llamar autodefensas, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública se compromete en un plazo no mayor a 48 horas a programar día y hora para la evaluación de las personas propuestas por estos grupos y que cumplan con los requisitos de ley para formar parte de los cuerpos de seguridad pública.
Seis, las denuncias que realicen los líderes de las entonces autodefensas, en donde se imputen actos de corrupción o hechos ilícitos serán atendidas directamente por los subprocuradores regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Siete, los puntos de revisión en torno a la ciudad de Apatzingán estarán a cargo de personal de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Ocho, se mantendrán las reuniones periódicas del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el procurador General de Justicia, el secretario de Seguridad Pública, autoridades militares y federales, con los líderes de las entonces autodefensas y hoy miembros de la Fuerza Rural para evaluar las acciones emprendidas. Estas reuniones se llevarán a cabo cada diez días.
Nueve, las Delegaciones Federales del Gobierno de la República continuarán la gestión de apoyos sociales y obras en la región, con el fin de impulsar el crecimiento económico de la zona.
A la reunión también acudieron el comandante de la 30 Zona Militar, Coronel de Infantería D.E.M. Leopoldo Aguilar Durán, el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, el comisionado de la Policía Federal en el estado, Israel Galván y el subsecretario de Seguridad Pública, Eloy Peralta Mora.