En el esfuerzo permanente de garantizar la óptima administración de los recursos públicos y la administración de justicia eficaz y eficiente, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán emitió un acuerdo para habilitar a los jueces de primera instancia de Arteaga y Coahuayana para conocer y resolver los asuntos que estaban bajo la responsabilidad de los juzgados menores de esos distritos judiciales, luego del cese de funciones de éstos a partir del 1 de noviembre de 2024.
Esta decisión se sustenta en un análisis detallado de la estadística judicial en los mencionados órganos jurisdiccionales, la cual reveló que la mayor parte de su actividad se limita a comunicaciones procesales, con pocos asuntos en trámite.
En el caso del Juzgado Menor de Arteaga, compuesto por una secretaria de acuerdos y un actuario, actualmente se encuentran en trámite 3 asuntos en materia penal. De enero a julio de 2024, este juzgado diligenció 49 requisitorias, sin recibir exhortos ni despachos adicionales. En materia civil, solo se registró la atención de 1 exhorto y 23 requisitorias.
Por su parte, el Juzgado Menor de Coahuayana, integrado por una secretaria de acuerdos, un secretario de juzgado y una escribiente, no tiene asuntos en materia penal y no ha recibido requisitorias ni otras comunicaciones procesales recientes. En materia civil, cuenta con 5 asuntos en trámite, habiendo atendido 20 exhortos, 8 despachos y 51 requisitorias entre enero y julio de 2024.
En un análisis comparativo realizado entre abril y junio de 2024 con un juzgado de la misma categoría en otro distrito judicial, como en Huetamo, se mostró una carga de trabajo considerablemente mayor, con un total de 483 actividades judiciales, incluyendo 433 acuerdos y 15 sentencias en materia civil, sí como 50 acuerdos en materia penal, lo que subraya la diferencia en la necesidad de personal judicial en cada distrito.
El resultado de esta evaluación confirma la viabilidad de que los jueces de primera instancia asuman las responsabilidades de los juzgados menores en Arteaga y Coahuayana, asegurando así la continuidad de la impartición de justicia y el uso eficiente de los recursos sin comprometer la eficiencia administrativa y jurisdiccional.