La mañana de este miércoles fueron dados de baja 110 policías ministeriales, esto por no aprobar sus exámenes de control y confianza, a decir de contactos allegados a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Asimismo, se supo a través de fuentes anónimas, que la PGJ ofreció supuestamente tres meses de sueldo a los oficiales despedidos, pero también trascendió que ninguno de ellos firmó su renuncia, pues buscan pelear por sus derechos laborales a través de las vías legales respectivas, según manifestaron varios de los propios agentes.

Lo anterior, ocurrió en las mismas instalaciones de la PGJ hasta donde llegaron los notificadores que anunciaban las bajas de los más de 100 ministeriales, que ahora se suman a los 80 policías estatales, a los 100 Goes y a los 97 tránsitos despedidos, con un total de 387 uniformados que han sido expulsados tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría de Michoacán.

También, en el caso de los policías ministeriales, varios de ellos entregaron sus armas de cargo, para lo cual el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo presente en la Procuraduría, para hacer la revista de armamento respectiva.

En este panorama, la depuración de los cuerpos policiacos anunciada y reafirmada en diversas ocasiones por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, continúa y al parecer es inminente, y ante ello, muchos de los oficiales despedidos simplemente solicitan que se les indemnice conforme a Derecho y a la antigüedad que tienen en las corporaciones, pues muchos llevan hasta más de 25 años en ellas.