La defensa de los ciudadanos, campesinos y pobladores, en los territorios afectados por delitos ambientales es una actividad que pone en riesgo la seguridad y hasta la vida de quienes alzan la voz.
Podría pensarse que la reivindicación del derecho humano a un medio ambiente sano, como lo estable la constitución, es un asunto que no tendría por qué atraer el interés de los grupos criminales.
Nada más inexacto y ajeno a la realidad. La destrucción de bosques, el cambio de uso de suelo y la apropiación ilegal de aguas, que articulan los reclamos principales de los ciudadanos que habitan las zonas en donde las actividades agroforestales, frutícolas y mineras prosperan, son actividades que están directamente relacionadas con la disputa por la apropiación de la riqueza.
La generación de esta riqueza está soportada en el aprovechamiento no sustentable ni sostenible de los ecosistemas que habían venido siendo aprovechados por actividades tradicionales que, por su naturaleza, lograban mantener los equilibrios ecosistémicos básicos y también sociales y políticos.
Por ejemplo, la expansión aguacatera se ha hecho en gran medida a costa de los bosques lo que ha significado la destrucción de ecosistemas. Esta práctica ha tomado aguas de manera desmedida, condenando a la escases a los ecosistemas que de ellas se alimentaban y a infinidad de poblaciones.
La expansión de frutillas, que al igual que la aguacatera se ha hecho de manera desordenada y caótica ha tomado tierras y aguas a costa de las actividades tradicionales de ejidatarios, comunidades y poblaciones del entorno. Esta contradicción ha fracturado las relaciones sociales, políticas y económicas del campo michoacano que se manifiestan como reclamos por la vigencia del derecho ambiental.
Aún más interesante, y que ilustra muy bien el origen de la vulnerabilidad de los defensores ambientales en el territorio es que la expansión aguacatera ha estado siempre acompañada de la presencia criminal. Incluso hay estudios y evidencias abundantes de que en algunos casos la criminalidad es el motor de dicha expansión.
En un informe de la asociación Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transaccional (GITOC, por sus siglas en inglés), publicado en febrero de 2024, afirma que "No todo el sector privado trabaja mano a mano de los grupos criminales, pero en muchas regiones la expansión de las tierras de aguacate se produce a costa de los bosques y las áreas protegidas." Agrega, que el pago de extorsión forma parte del plan de negocio de las empresas.
Lo anterior es multi sabido y ha trascendido nuestras fronteras generando decisiones anticrimen de nuestro socio comercial. El 14 de agosto de este año el Tesoro estadounidense sancionó a Cárteles Unidos y los Viagras bloqueando cuentas y activos vinculados a esos agrupamientos criminales "por comercio internacional de drogas y extorsión a agricultores, sobre todo a aguacateros."
El comunicado del Tesoro fue explícito, "Además, los cárteles con sede en Michoacán participan en la confiscación de tierras, la deforestación y la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas." Para la exportación del aguacate se habla con más fuerza de la huella ecocida, pero debería ya hablarse también de la huella criminal. Quien compre un aguacate, tanto en el extranjero como en México, debería saber si atrás de él hay deforestación, cambio de uso de suelo, incendio y robo de agua, pero también si al hacerlo está contribuyendo con las finanzas de los criminales. Un asunto que hasta ahora parece no interesarle al gobierno de México.
No resultó nada extraño que en la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio el pasado 3 de septiembre se incluyera en la mesa de trabajo conjunto el punto relacionado con la extorsión a los productores de aguacate en Michoacán.
Ahí donde hay dinero también está el crimen, y donde hay en abundancia lo hay con mayor razón, sobre todo cuando el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la paz social acotando y destruyendo a los grupos criminales, y como ahora lo sabemos, convirtiéndose en promotor de los cárteles del crimen.
La presencia criminal en el sector aguacatero, frutillero y en otras actividades económicas vicarias, no se ha reducido al paso del tiempo, por el contrario, ha crecido en los últimos años. En el 2018, por este delito se abrieron 26 carpetas de investigación, en el 2023 fueron 242 y en el 2024, 296.
La cantidad que por extorsión a aguacateros y limoneros se llevan los grupos criminales asciende, según estimaciones de la asociación Iniciativa Global Contra el Crimen, a 2,400 millones de pesos anuales, y quienes lo hacen son Cartel Jalisco Nueva Generación, Blancos de Troya, Carteles Unidos, Los Templarios, Los Viagra y los Sierra.
El anterior es el contexto en el que deben actuar los defensores del derecho ambiental situados en el territorio, en donde los propios gobiernos municipales y sus policías suelen estar bajo las órdenes de los jefes de plaza del crimen. Es decir, las condiciones para generar denuncias contra la privatización de aguas, deforestación y cambio de uso de suelo y promover la organización ciudadana es un acto de alto riesgo que encara directamente el interés de los criminales.
La condición de vulnerabilidad de los ambientalistas se agrava con la actitud elusiva del Estado que manda a los criminales señales reiteradas de impunidad y trata de imponer una agenda ambiental de jardinería para ocultar la agenda crítica de los daños que provocan la crisis ambiental michoacana: privatización extensiva de aguas, cambio de uso de suelo, deforestación y pérdida de ecosistemas.
Ninguno de los casos de amenaza, muerte o secuestro de ambientalistas en Michoacán ha sido resuelto en los últimos 10 años, tan solo por poner algunos ejemplos, el asesinato de Homero Gómez defensor de la mariposa Monarca, la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Días activistas comunitarios de San Miguel Aquila que denunciaban daños ambientales por la extracción minera y el secuestro de Guillermo Saucedo Gamiño defensor de bosques y aguas de Madero.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán identifica a más de 70 ambientalistas asesinados o desaparecidos desde 1974. Una cifra que tiene un alto significado en la historia de la ineficacia del Estado para proteger a quienes denuncian daños ambientales.
Los ambientalistas michoacanos están en el ojo del huracán cuando los intereses de la expansión ilegal de aguacate, protegidos o guiados por el crimen organizado son cuestionados y denunciados por sus prácticas ilegales y ecocidas. Esta condición debería ser motivo suficiente para generar un programa eficaz de protección de la vida de estas personas, en tanto el Estado recupera el territorio que abandonó y que hoy tiene en sus manos el crimen.