El "Frente Unidos Contra el Abuso del Poder en Michoacán", agrupación que conjunta elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado, Protección Civil que han sido despedidos de octubre a la fecha, supuestamente por no pasar exámenes de control y confianza, denunciaron una serie de irregularidades en dichos procesos de la separación de su cargo.

Exigieron se les pague conforme a la ley su finiquito que correspondería a un millón y medio por persona al tomar en cuenta 20 días de salario por año de servicio, mas vacaciones, días festivos laborados, horas extras, daño moral, entre otros conceptos y que en este frente están reunidos alrededor de 300 personas.

Marco Antonio Cabrera Carbajal, quien fungió como comisario de tránsito del estado adscrito a Maravatío denunció con el oficio en mano que la SSP trata de mandar quien se ocupe de sus quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como manifestar que los cuerpos de seguridad que ocupan sus puestos son personal que no paso los mismos exámenes pero del estado de México y Monterrey.

Detalló que además de tratar de controlar que visitador lleve su caso por parte del titular de la SSP, Carlos Hugo Castellanos Becerra, en propias camionetas de la dependencia estatal sin placas se ha tratado de amedrentar a los integrantes de este frente pues el personal nuevo encapuchados han entrado a domicilios particulares de al menos dos compañeros de ellos.

Cabrera Carbajal consideró que el meollo del asunto para determinar q quien dar de baja es a quienes rebasan los 25 años de labor.