La titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), Clara Ochoa Valdés, hizo un llamado a los legisladores federales para que se logre disponer de recursos humanos y financieros suficientes a fin de que los gobierno estatales puedan dar seguimiento y cumplimiento a los derechos que benefician a los trabajadores jornaleros agrícolas migrantes en relación con algunas de las reformas y adiciones a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aprobada el pasado 13 de noviembre.

En ese sentido expresó que la ley debe servir para que los jornaleros puedan realizar su trabajo bajo las condiciones adecuadas, por lo anterior es necesario el recurso tanto humano como financiero para que se pueda vigilar el cumplimiento de la ley y se generen políticas en beneficio de este sector poblacional que es uno de los más pobres.

Ochoa Valdés reconoció que la ley tiene aspectos que representan algunas desventajas para los jornaleros como lo es el aspecto de la subcontratación, pero también coloca a los jornaleros como trabajadores, lo cual quiere decir, que tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, es decir, tienen derecho a seguridad social, pago de horas extras, contratos por escrito, prestaciones de ley, no discriminación, no empleo a menores de edad y en general a todas las conquistas laborales logradas por los trabajadores a lo largo de la historia.

Sin embargo, afirmó que es complicado lograr que se lleven a cabo estos beneficios debido a que este sector muchas veces desconoce sus derechos, además de que emigran de un lugar a otro en busca de trabajo, es decir, tienen inestabilidad tanto económica como social.

JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES EN MICHOACÁN
En Michoacán se tiene un estimado que va de 150 a 200 mil jornaleros, de acuerdo con el Informe de Investigación sobre la Población Jornalera Agrícola Migrante en Michoacán.

Son 58 los municipios que cuentan con algún grado de desarrollo agrícola comercia, en donde se ha registrado que más del 80 por ciento de los trabajadores están en condiciones de jornaleros agrícolas migrantes. Cerca del 60 por ciento son originarios del estado, principalmente de municipios con alto rezago social y desempleo, mientras que el 40 por ciento son jornaleros que trabajan en Michoacán y provienen de estados como Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí, entre otros.

De acuerdo con el COESPO los jornaleros agrícolas migrantes son, después de los indigentes, el sector más podre y desprotegido de la sociedad, sobre todo porque en su mayoría no cuentan con vivienda propia, tierras de cultivo, no cuentan con capacitación o entrenamiento para un trabajo manual calificado y solo pueden desempeñarse en tareas rurales o suburbanas de mínima remuneración económica.

La eventualidad de los trabajos, la alta movilidad de la población en busca de empleo, su invisibilidad física y jurídica, el que no exista un mapa geográfico de los lugares con jornaleros agrícolas y el que muchos de ellos no cuenten con documentos e identificación como actas de nacimiento, son elementos que hacen aún más complicado el lograr que se cumpla con los derechos de este sector.