El Gobierno de Estados Unidos inició ayer con detenciones, en terminales aéreas, de migrantes y refugiados procedentes de siete países de Medio Oriente, como resultado del decreto firmado por el presidente Donald Trump para impedir la entrada de musulmanes radicales a la Unión Americana.

La medida generó repudio y manifestaciones en distintos sectores de la comunidad estadounidense, ya que acusan la medida como discriminatoria y anticonstitucional.

Miles de personas expresaron su inconformidad y acudieron a los principales aeropuertos del país demandando que el Gobierno federal recule en la medida. Dos de las principales protestas se registraron en las terminales de Washington y Nueva York, donde aparecieron carteles que citaban frases como "Enjuicien a Trump. Deporten a Melania"; "Cristianos contra el veto a musulmanes" o "Resistan. #NoVetos #NoMuros".

En el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York fueron detenidos dos migrantes procedentes de Iraq quienes habían obtenido visados especiales. Tras la intervención de senadores, los dos hombres fueron liberados. Otros 11 refugiados de origen sirio también se les retuvo e impidió el ingreso a territorio norteamericano.

Sin embargo, las retenciones comenzaron a crecer y fue entonces que por la noche una jueza federal bloqueó parte del polémico veto temporal de entrada y dictó que los afectados por la medida que ya han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados.

La jueza Ann M. Donnelly concluyó que aplicar el mandato del presidente con el envío de esas personas a sus países podría causar un "daño irreparable". Con todo, Donnelly no declaró que los afectados puedan permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida y fijó una audiencia para el 21 de febrero para volver a abordar el caso.

La orden presidencial de Trump suspende, durante 90 días, la concesión de visados y la entrada a todos los ciudadanos de Iraq, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen hasta que se adopten nuevos procesos de escrutinio, al tiempo que frena todas las acogidas de refugiados durante 120 días.

La medida incluso afecta a personas de dichos países aunque ya tengan la residencia permanente. Si se encuentran fuera del país, esas personas, aunque lleven décadas residiendo legalmente en Estados Unidos, deberán obtener una exención para poder volver a territorio norteamericano en un proceso que se decidirá caso por caso.