Con el paquete de reformas en materia de derechos alimentarios propuesto por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los deudores no podrán tramitar o renovar concesiones de todo tipo, permisos o constancias de transporte, así como las licencias de conducir.

La iniciativa también establece que jueces y magistrados estatales estarán obligados a dar a conocer las altas y bajas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; y que en caso de matrimonio se deberá informar a los contrayentes si alguno de ellos es deudor alimentario.

Ramírez Bedolla agregó que la propuesta prohibirá la ocupación de cargos públicos a personas con antecedentes violencia de género, procesos penales, deudas alimentarias morosas o sanciones administrativas.

El mandatario expuso que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y que, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de 2021 a 2024 en Michoacán se registraron 7 mil 855 casos de violencia económica.

Fue el pasado 25 de febrero cuando el gobernador firmó y envió al Congreso local, un paquete de reformas en materia de derechos alimentarios que contempla modificaciones a 50 artículos de 13 leyes y dos códigos.