El asesinato de Bernardo Bravo no es un hecho aislado, es el síntoma de un Estado colapsado en regiones donde la legalidad ya no gobierna, donde las instituciones son apenas una sombra y donde el miedo dicta las reglas.
Cada productor que paga "derecho de piso" sostiene una economía que sobrevive a pesar del Estado, no gracias a él.

Dos días antes de ser asesinado, Bernardo Bravo escribió una frase que hoy duele por su lucidez: "Pedimos sensibilidad por toda la crueldad que estamos viviendo los limoneros." Esa súplica, se convirtió en su epitafio. No fue solo un reclamo, fue una advertencia que el Estado decidió ignorar.

Por eso, más que un crimen, el asesinato de Bernardo Bravo es una demostración del poder del crimen organizado, una afrenta directa al Estado mexicano y una advertencia brutal a la sociedad. No se trató solo de silenciar una voz, sino de sembrar miedo, reafirmar control y exhibir el vacío de autoridad en vastas regiones de Michoacán.

Cuando un líder del campo alza la voz y es asesinado pese a haber pedido protección, ya no hablamos de un fallo institucional, sino de un Estado replegado, que ha cedido su soberanía frente a los grupos armados y ha normalizado la violencia como parte del paisaje cotidiano.

Fue un asesinato con responsabilidades políticas directas. Bernardo Bravo contaba con medidas de protección, pero éstas resultaron claramente ineficaces. El Gobierno del Estado, responsable de garantizar su seguridad, falló en prevenir el ataque, revelando una cadena de errores y/o omisiones de las cuales deben fincarse responsabilidades.

En cualquier país con sentido de responsabilidad pública, ya se habrían presentado las renuncias de los funcionarios de seguridad involucrados. En Michoacán, en cambio, prevalece el silencio, la indiferencia y la costumbre de mirar la tragedia como si fuera ajena.

Bernardo Bravo Manríquez es el quinto productor asesinado en la región en menos de un año. Bernardo, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, había denunciado la extorsión sistemática del crimen organizado sobre los productores de limón, los cobros por caja, por hectárea, por traslado etc etc.

El Estado tenía la información, los medios y la obligación de protegerlo. No lo hizo. Las autoridades actuan como espectadores del crimen. Lo que esta actitud nos dice, con brutal cinismo, es que el Estado se ha acostumbrado a administrar la muerte, a tratar cada asesinato como una estadística más y no como una tragedia evitable.

El Gobierno del Estado responsable directo de la protección solicitada por Bernardo Bravo, sabía del riesgo, sabía de las amenazas, sabía que el líder limonero había pedido auxilio. Su actitud posterior distante y carente de autocrítica, no solo revela indolencia, sino una forma de arrogancia burocrática que parece haberse vuelto norma en el servicio público.

Nos dice que el ego político ha reemplazado la vocación de servicio, y que la autoridad ha perdido el sentido moral del deber. Porque cuando el responsable se justifica, en lugar de responder; cuando la arrogancia sustituye a la rendición de cuentas, el Estado no solo falla, abdica.