La inseguridad en México se ha convertido en una tragedia cotidiana. Los asesinatos, desapariciones y extorsiones son parte del paisaje social de un país que, pese a los discursos de "transformación", no ha podido (o querido) recuperar el control de su territorio ni garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El problema no nació de la nada ; es el resultado de una progresiva corrupción, impunidad y tolerancia hacia la expansión del crimen organizado dentro del propio Estado.

El actual estado de inseguridad tiene raíces profundas. Desde mediados del siglo XX, México mantuvo un sistema político que, aunque autoritario, controlaba los equilibrios entre poder político y criminal. Durante el largo dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las mafias locales y regionales solían operar bajo pactos no escritos: mientras no desafiaban al Estado, se les toleraba. Este "equilibrio corrupto" mantuvo cierta estabilidad, pero a costa de consolidar redes criminales con protección institucional.

El quiebre llegó después de la alternancia en el poder en el año 2000. Con la fragmentación del poder político se rompieron los viejos acuerdos y surgió una competencia violenta entre cárteles que disputaban rutas, territorios y mercados. Lamentablemente la apertura democrática no vino acompañada de un fortalecimiento real de las instituciones de seguridad ni de justicia: las policías locales siguieron siendo mal pagadas, proclives a la corrupción y realmente sin capacitación; las anquilosadas fiscalías permanecieron ineficientes, y los jueces vulnerables a la presión o al soborno.

El crimen organizado aprovechó el vacío institucional. Diversos grupos criminales se expandieron con rapidez. La economía ilegal ; narcotráfico, extorsión, secuestro, minería y tala ilegales, encontró en la corrupción y la impunidad su mejor aliada. En muchos municipios, los grupos criminales no solo controlan las rutas de la droga, sino también las policías, los alcaldes y las decisiones locales.

La infiltración en los gobiernos municipales es quizá el punto más débil del Estado mexicano. En comunidades pequeñas, los cárteles deciden quién puede ser candidato y quién no. En algunos casos, financian campañas, colocan funcionarios y dictan órdenes a las autoridades electas. A nivel estatal, las redes de complicidad entre políticos, empresarios y criminales han derivado en colusiones que impiden la acción efectiva de la ley. A nivel federal, la corrupción y la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad , fiscalías, aduanas, policías, han permitido la supervivencia y mutación constante del crimen organizado.

El saldo el vidas humanas perdidas es terrible. Desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón inició el combate en contra del narcotrafico México ha acumulado más de 400 mil homicidios dolosos y más de 110 mil desaparecidos. A esto se suma el desplazamiento interno forzado , miles de personas que huyen de sus lugares de origen por miedo al crimen, y el colapso de instituciones que ya no logran garantizar justicia. En el colmo de las tragedias en muchos casos, las víctimas no denuncian porque saben que la denuncia puede ser más peligrosa que el delito mismo.

Desde hace más de quince años, el Estado mexicano ha recurrido al Ejército y la Marina en un ilusorio intento de suplir las carencias policiales. Pero la militarización de la seguridad pública no ha reducido la violencia: al contrario, en muchos lugares ha generado más enfrentamientos y violaciones a derechos humanos. La creación de la Guardia Nacional, aunque prometía una policía civil de carácter federal, terminó subordinada al control militar. La realidad es que la presencia del Ejército puede contener temporalmente la violencia, pero no resuelve las causas estructurales: corrupción, impunidad, pobreza y falta de justicia.

Ahora bien ¿Quién debe combatir la inseguridad? La responsabilidad recae en todos los niveles de gobierno. El poder federal debe coordinar estrategias, fortalecer inteligencia, profesionalizar cuerpos policiales y garantizar la independencia del sistema judicial. Los estados y municipios, por su parte, deben recuperar sus policías locales, depurarlas, pagarles dignamente y blindarlas contra la infiltración criminal. Sin seguridad local no hay seguridad nacional.

Pero también la sociedad tiene un papel; exigir transparencia, apoyar la denuncia , defender la libertad de prensa y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. El combate a la inseguridad no puede descansar únicamente en las armas; se requiere lo que para muchos es francamente utópico dadas las actuales circunstancias: reconstruir el tejido social, ofrecer oportunidades económicas, mejorar la educación , garantizar una justicia efectiva y restablecer la confianza en las instituciones.

Nada mas, nada menos.

Alejandro Vázquez Cárdenas