El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM) que preside María Elena Huerta Moctezuma, "es quien está acomodando el negocio del servicio de transporte público a los intereses de unos cuantos. La movilidad de las y los usuarios, no es la prioridad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su pandilla; su perversidad no tiene límites e intentan someter a los concesionarios a una muerte lenta".

Así trascendió en la reunión de los dirigentes de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) que lidera José Trinidad Martínez Pasalagua quien reiteró su compromiso con este gremio a "no bajar la guardia en seguir denunciando las estrategias que aplica el mandatario estatal con su operadora Gladys Butanda y su aliada María Elena Huerta con las que se convertirán en nuevos millonarios", dijo.

Durante la reunión los transportistas lamentaron que una vez más, el ITEM pretenda justificar con "estudios técnicos", decisiones políticas y de conveniencia, orientadas más a favorecer a determinados grupos cercanos al poder que a resolver la grave crisis de movilidad que enfrentan miles de ciudadanos en Morelia y en todo el estado.

Recordaron que a más de cuatro años de gobierno, el ITEM, tuvo la oportunidad de planificar, escuchar y atender las verdaderas necesidades de movilidad en zonas como el norte, poniente, oriente y sur de la capital michoacana, donde existen colonias enteras —como Villas del Pedregal, La Hacienda, Villa Magna, y Villas de la Loma— que carecen de un servicio digno, continuo y suficiente.

Sin embargo, esas necesidades nunca fueron atendidas, mientras que hoy, a unos meses de concluir la administración, se pretende aparentar un interés repentino por "optimizar rutas", cuando la realidad es que sólo buscan legitimar decisiones previamente pactadas con sus socios y aliados.

En el mismo contexto Martínez Pasalagua, precisó que, hablar de estudios técnicos en este momento resulta una burla para la sociedad. El antecedente más claro es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) aplicado en Uruapan y elaborado por la misma empresa que hoy realiza el estudio de Morelia, donde se determinó que el teleférico era un proyecto inviable, sin retorno de inversión y con la necesidad de subsidios mensuales superiores a 20 millones de pesos, además de evidenciar una ocupación del 40 por ciento en el transporte público y una sobreoferta del 60 por ciento.

Aun con esos datos señaló, el gobierno ignoró completamente las recomendaciones técnicas y procedió con el proyecto, demostrando que los estudios sólo sirven cuando coinciden con los intereses políticos y económicos de quienes los encargan.

Por ello reiteró que la sociedad, debe saber que no se trata de planificar la movilidad, sino de acomodar el negocio del transporte a los intereses de unos cuantos. Mientras tanto, los transportistas concesionados, —los verdaderos prestadores del servicio público—, siguen siendo ignorados, excluidos y criminalizados, a pesar de ser quienes por décadas han garantizado el derecho a la movilidad de miles de familias michoacanas.

Y para rematar consideró que, la pregunta es inevitable, ¿por qué creer hoy en los estudios del ITEM, si el propio gobierno ha demostrado que las conclusiones técnicas no le importan cuando afectan los intereses de sus allegados?.

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