La Embajada de Estados Unidos en México emitió una declaración pública tras la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas vinculadas actual o anteriormente al gobierno y a corporaciones de seguridad de esa entidad. En el pronunciamiento, atribuido al embajador Ron Johnson y titulado "Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos", la representación diplomática señaló que el combate a la corrupción y a la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación formal fue revelada este miércoles en Nueva York y sostiene que los señalados habrían participado presuntamente en una conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa, en particular con la facción conocida como "Los Chapitos", para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos. Los delitos imputados incluyen conspiración para importar narcóticos y cargos relacionados con armas; en uno de los casos, además, se agregan acusaciones vinculadas con secuestro con resultado de muerte.

La Fiscalía estadounidense identificó a los acusados como Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano por Sinaloa y exsecretario general del estado; Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la Fiscalía estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", también señalado como exjefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado", exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.

Según la acusación, los funcionarios y exfuncionarios habrían utilizado sus cargos para proteger operaciones del cártel, filtrar información sensible de seguridad y facilitar el tránsito de cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que los señalados presuntamente ayudaron a proteger a líderes criminales frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales, además de permitir que agencias estatales y municipales fueran utilizadas para resguardar cargamentos o apoyar actividades delictivas.

El documento judicial también señala que los acusados habrían recibido, en conjunto, millones de dólares provenientes del narcotráfico. La imputación sostiene que la estructura de protección habría alcanzado distintos niveles de gobierno y corporaciones de seguridad en Sinaloa, incluyendo la Policía Estatal, la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal y la Policía Municipal de Culiacán.

En el caso particular de Rubén Rocha Moya, la acusación afirma que, antes y después de asumir la gubernatura, habría sostenido reuniones con integrantes de "Los Chapitos" y prometido protección a cambio de apoyo político y beneficios ilícitos. La Fiscalía estadounidense también alega que esa facción del Cártel de Sinaloa habría intervenido en el contexto electoral mediante intimidación y secuestro de rivales políticos, aunque estos señalamientos forman parte de una acusación que deberá probarse ante un tribunal.

Respecto a Dámaso Castro Zaavedra, el Departamento de Justicia sostiene que presuntamente habría recibido pagos mensuales de alrededor de 11 mil dólares por parte de "Los Chapitos" a cambio de proteger a integrantes de esa facción e informarles sobre operativos respaldados por autoridades estadounidenses. En el caso de Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", la acusación agrega señalamientos más graves: presunta participación en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta persona, quienes posteriormente habrían sido torturados y asesinados.

La Embajada de Estados Unidos en México, en su declaración, subrayó que ambos países han asumido compromisos para fortalecer la transparencia, aplicar leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. El comunicado señala que Washington continuará trabajando en coordinación con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer instituciones y promover la seguridad y prosperidad de ambos pueblos.

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con la tabla de cargos difundida por el Departamento de Justicia, la mayoría de los acusados enfrentaría, en caso de ser declarada culpable, penas que podrían ir desde un mínimo obligatorio de 40 años de prisión hasta cadena perpetua; para Juan Valenzuela Millán, por los cargos adicionales de secuestro con resultado de muerte, se contempla una pena obligatoria de cadena perpetua si fuera condenado.

La Associated Press reportó que, al momento de la publicación de la información, ninguno de los acusados se encontraba bajo custodia. También consignó que la oficina del gobernador de Sinaloa no respondió de inmediato a una solicitud de comentario, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que cualquier investigación estadounidense contra personas en México debía contar con evidencia revisada por la Fiscalía General de la República.

Las autoridades estadounidenses calificaron esta acusación como parte de una serie de acciones judiciales iniciadas desde 2023 contra integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia indicó que, con este nuevo expediente, suman más de 30 miembros y asociados del cártel acusados en ese distrito por su presunta participación en el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos y delitos relacionados.

La declaración de la Embajada concluye con un mensaje político y judicial: la corrupción que facilita al crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada cuando corresponda a la jurisdicción estadounidense. No obstante, el propio Departamento de Justicia precisó que los cargos contenidos en la acusación son señalamientos formales, no condenas, y que todos los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario ante la justicia.