El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, exhortó a los presidentes municipales a mejorar sus centros de retención mejor conocidos como "barandillas", a fin de garantizar una estancia digna de las personas detenidas al cometer alguna falta.

En el marco de la firma del Convenio General de Colaboración para la Promoción de una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos signado con municipios de la región de Uruapan, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo un llamado a los ediles de los 113 ayuntamientos michoacanos para retomar la Recomendación General Número 3 que emitió la CEDH en el 2011.

Explicó que el documento se enviará a cada uno de los Ayuntamientos michoacanos y se otorgará un plazo de tres meses para que se realicen las adecuaciones necesarias "se hizo un estudio a las barandillas municipales y se puntualizó cada uno de los aspectos que deben mejorar".

La Recomendación General Número 3 dirigida a los gobiernos municipales enuncia las garantías mínimas que todo detenido administrativo debe tener y que son, entre otros: ser informado sobre la razón de su detención, contactar de inmediato a su familia o persona de su confianza, recibir atención médica en caso de requerirla, denunciar malos tratos ante la autoridad competente, así como que el monto de la multa, la cual por ningún motivo habrá de sobrepasar las posibilidades de personas que por sus características resulten más vulnerables económicamente.

Está recomendación general indica que, las cárceles preventivas deben contar con los servicios básicos indispensables que son: sanitario, agua, drenaje y energía eléctrica; además de que se debe evitar su ubicación en lugares inundables o de riesgo geológico.

Las celdas tienen que cumplir las condiciones requeridas de seguridad y de confort. Podrán ser individuales, triples, quíntuples o colectivas, pero garantizando el espacio vital para cada uno de los detenidos; así también señala que los ayuntamientos deben generar controles de información básicos y multas.

El diagnóstico realizado por el organismo reveló que en su mayoría las cárceles preventivas tenían condiciones de insalubridad e infraestructura deficiente; así como falta de la conformación de archivos de ingresos y egresos; y lo relativo a las multas aplicadas.