Familiares de personas desaparecidas en Michoacán hace un llamado a la sociedad para hacer valer sus derechos, los cuales son violentados con "permiso de la ley" mediante prácticas de tortura que ejercen los elementos de Seguridad Pública, en el momento de las detenciones.
Lo anterior lo comentó Cristina Paredes Lachino, integrante del Comité de familiares de personas detenidas y desaparecidas en México (Cofadem), quien dice ser víctima de una detención indebida, por dos elementos de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), bajo el cargo de robo a casa habitación.
Señaló la afectada que ella fue detenida a las 11 de la mañana, cuando estaba en casa de una persona conocida; sin embargo, sin orden de detención fue aprendida por dos personas, quienes se identificaron como elementos de la PGR.
Debido a que ella no cometió el delito que le achacaban, trató de pedir su derecho a una llamada, sin que le fuere concedida, hasta doce horas después, en ese lapso fue "privada de su libertad" y "torturada" con el objeto de que ella firmara unos documentos legales, donde acepta que es culpable.
Cabe destacar que la familia Paredes ha sido objeto de amenazas por parte de la autoridad estatal, ya que desde hace dos años piden la aparición de su padre, José Francisco Paredes Ruiz, por lo que la familia del defensor conformó la organización en mención, la cual tiene como finalidad recabar información para encontrar con vida a su familiar ausente.
"Desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando proclama la guerra contra el narcotráfico legaliza los operativos conjuntos, donde le dan poder a los judiciales para ejercer la tortura y vejaciones a los arrestados", comentó.
La organización ahora está conformada por 40 grupos que buscan a 386 personas en México, durante su labor desesperada por ver a sus familiares existen organizaciones y personas que son sensibles a la causa.
Por lo anterior, en un acto de desacreditar su trabajo, el Gobierno del Estado de Michoacán constantemente ha intimidado a las mujeres de la familia Paredes, con amenazas de tipo sexual y de muerte piden su silencio.
La detención de Cristina la relacionan con las amenazas recibidas; no obstante destacó la susodicha que en su caso la policía tenía un cometido específico, pero, la tortura, privación de la libertad y violación de sus derechos humanos es un modo de operación de los encargados de proveer la seguridad a la ciudadanía.
Por todo lo sucedido, los integrantes del Comité piden que cesen las amenazas; el hostigamiento; alto a la violencia de género que viven las mujeres detenidas y sobre todo seguridad a la integridad de las personas, porque con la justificación de la aplicación de la ley cualquier persona, inocente o culpable puede ser objeto de vejaciones y abuso de poder.