Es indispensable que en Michoacán se abran espacios para el análisis y discusión jurídica sobre la manera en que la política educativa debe orientarse y convertirse en una estrategia impulsora de la justicia social, expresó el secretario de Educación en el estado, J. Jesús Sierra Arias, ante estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)

En el edificio histórico que alberga la Facultad, con su ponencia "Desafíos de la Reforma Educativa en México y Michoacán", el titular de la política educativa expuso que la marginación y la pobreza son el principal filtro que detiene la continuidad de la vida académica de miles de estudiantes.

En el marco del IV Coloquio Universitario denominado Universidad, Justicia Social y Reformas organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad, el secretario de Educación refirió que no obstante lo anterior, la educación sigue y debe seguir siendo el mejor y más honorable medio para la movilidad social; además, precisó que la educación, la alimentación y la salud, son elementos indispensables para el desarrollo del individuo.

Por lo anterior, uno de los retos que enfrenta el Estado mexicano es garantizar el servicio educativo, incrementar la cobertura y el nivel de escolaridad de los estudiantes, porque actualmente el sistema educativo mexicano tiene matriculados 34 millones 821 mil estudiantes desde Básica hasta Superior, de los cuales 25 millones 782 mil están inscritos en Básica (74%) y en contraste, la matrícula nacional Superior es de 3 millones 161 mil estudiantes, incluyendo el postgrado.

Por lo tanto, para incrementar el índice de eficiencia terminal, enfatizó que "México hoy requiere un proyecto a largo plazo que permita resolver problemas estructurales y paulatinamente impactar indicadores, superar metas; alcanzar y superar a las potencias educativas".

Aclaró que la educación no es un asunto exclusivo del gobierno y para lograr las transformaciones, se requiere reconocer que la educación es responsabilidad y compromiso de todos.

Ante ,ello precisó que las reformas y adicionales a los artículos 3º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la publicación del Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, son la plataforma en la que deberá sentarse un nuevo modelo de educación, el inicio de un proceso para la mejora pedagógica y de la calidad de los servicios.

Los tres propósitos que fundamentan dicha reforma son garantizar la calidad de la educación; lograr una autonomía de gestión del sistema educativo, es decir que las decisiones se tomen desde las escuelas; y tercero, la profesionalización del docente que obliga a los gobiernos a desarrollar programas permanentes de capacitación, actualización, estímulos, incentivos y reconocimientos, por lo tanto la evaluación de los profesores será un instrumento para medir el éxito de estos procesos de formación continua.

Pero aclaró en este punto, que de ninguna manera la evaluación será para despedir a los maestros porque no se trata de una reforma laboral, precisó.
Finalmente, señaló que la sociedad debe reconocer el cambio, sobre todo porque se trata de normas que favorecen el desarrollo del país.