La tensión que atraviesa la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no puede analizarse al margen del contexto político que rodea el proceso sucesorio en la institución y las decisiones recientes tomadas desde la rectoría.

De acuerdo con la Ley Orgánica publicada el 8 de marzo de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, el artículo 33 establece la conformación de una Comisión Especial para la elección de Rectora o Rector, integrada, entre otros, por el Decano de los Directores de Escuelas, Facultades e Institutos. Por antigüedad en el cargo, esa figura recaería en el actual director de la Facultad de Derecho, Sergio Carmelo Domínguez Mota, lo que añade una dimensión política al conflicto.

En base a versiones de académicos y trabajadores de la comunidad de la Facultad, uno de los episodios que marcó el inicio de esta controversia ocurrió el 29 de septiembre, en el Teatro Samuel Ramos, durante una reunión convocada por la rectora Yarabí Ávila González con profesores interinos de la Universidad.

En el video que circula públicamente, la licenciada Ireri Ugalde toma el micrófono y expone su situación como docente interina, señalando que llevaba quince años sin lograr definitividad y dirigiendo críticas hacia la dirección de la Facultad.

La escena no pasó inadvertida: frente a la rectora, la profesora asumió una postura crítica que algunos interpretaron como un posicionamiento político en un momento estratégico. Cinco días después, fue nombrada subdirectora de la Facultad de Derecho.

Ese nombramiento ha sido el punto central del debate. De acuerdo con el artículo 57, fracción XIX, del Estatuto Universitario, la rectora puede designar subdirectores "previa terna presentada por las Directoras o Directores".

Versiones cercanas a la dirección sostienen que tal terna no fue presentada en este caso. Si ello fuera así, el procedimiento habría quedado en entredicho frente al marco normativo universitario.

En ese contexto, dentro de la comunidad académica circula la percepción de que la designación consolidó una relación de lealtad política directa con la rectoría. Algunos señalan que la promesa de eventual definitividad en materias y estabilidad laboral habría fortalecido ese vínculo, lo que explicaría la alineación total de la ahora subdirectora con la administración central.

No obstante, tales afirmaciones requerirían confirmación documental para acreditarse plenamente.

Más allá de interpretaciones, el conflicto actual parece haber sido alimentado por decisiones que alteraron el equilibrio interno de la Facultad. Cuando los nombramientos se realizan en medio de diferencias previas y sin plena claridad pública sobre el procedimiento seguido, la consecuencia natural es la polarización.

El debate no es menor. La Ley Orgánica, en su artículo 23, fracción IV, establece como deber de la rectora vigilar el cumplimiento de las normas que rigen la institución. Por ello, la transparencia en el proceso de designación resulta fundamental para despejar cualquier duda sobre su apego a la normativa.

La Facultad de Derecho enfrenta hoy un escenario que combina tensión política, cuestionamientos jurídicos y una evidente fractura institucional. Si la gobernabilidad universitaria depende del respeto a las reglas internas, el esclarecimiento de los procedimientos y la rendición de cuentas no son opcionales: son indispensables.

"Porque en una universidad pública, la legalidad no sólo debe invocarse; debe demostrarse".