En la región de Apatzingán, un juez determinó 12 años de prisión y el pago de la reparación del daño de manera genérica como sentencia condenatoria para Jonathan Alberto "N" por el delito de robo de vehículo de motor terrestre, cometido en agravio de dos personas de identidad reservada; ello dentro de la causa penal 54/2025.
De acuerdo con los hechos acreditados, el 3 de agosto de 2024, el sentenciado y un coacusado acudieron a un domicilio en Apatzingán, donde intentaron apoderarse de dos motocicletas. Al ser sorprendidos, el coacusado amagó a las víctimas con un arma blanca, logrando llevarse los vehículos. Posteriormente, ambos fueron detenidos por elementos de la policía municipal.
Por otro lado, en Zamora se emitió fallo condenatorio en contra de Jesús Antonio "N", dentro de la causa penal 127/2025, por el robo calificado grave se le impuso una pena de 1 año y 4 meses de prisión; y por robo de vehículo de motor terrestre, 8 años y 6 meses de prisión. Además, deberá cubrir la reparación del daño por la cantidad de 7 mil 500 pesos y una multa de 4 mil 915 pesos. También se determinó la suspensión de sus derechos políticos por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
De acuerdo con lo acreditado en juicio, el 29 de junio de 2025, en la colonia La Aurora, el sentenciado interceptó a la víctima cuando circulaba a bordo de su motocicleta, la amenazó con un arma de fuego y la despojó del vehículo, así como de su bolsa. Se dejaron a salvo los derechos del sentenciado para que, en su caso, pueda solicitar los beneficios que procedan ante el juez de ejecución de sanciones penales.
Finalmente en Uruapan, un juez de control y enjuiciamiento vinculó a proceso a Patricia Yazmín "N", dentro de la causa penal 51/2026, por su probable participación en el delito de sustracción específica de persona menor de edad, en agravio de dos niñas de identidad reservada. De acuerdo con los datos expuestos en audiencia, la imputada —tía materna de las menores— solicitó autorización al padre, quien ejerce la custodia desde su nacimiento, para llevarlas a una iglesia en la localidad de Gabriel Zamora, sin embargo, al concluir la misa, presuntamente las sustrajo por la puerta trasera del templo, sin el consentimiento del progenitor.
En este caso, el juzgador aplicó la perspectiva del interés superior de la niñez, privilegiando la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Con estas determinaciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la legalidad, la protección de los derechos de las víctimas y el respeto al debido proceso, garantizando que cada resolución se emita conforme a los principios constitucionales y al marco jurídico vigente.