El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que la entrega de cuerpos es gratuita y presentó los Lineamientos para el Trato Digno a las Víctimas en la Entrega de Cuerpos y Restos Humanos, un nuevo marco institucional que establece reglas claras para proteger a las familias y evitar prácticas indebidas durante los procesos ministeriales y forenses.

Como parte de esta normativa, se establece que ningún servidor público puede condicionar trámites, sugerir la contratación de una funeraria específica ni retrasar la entrega del cuerpo bajo ninguna circunstancia, garantizando así que las familias puedan realizar este proceso con respeto, transparencia y sin presiones.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) explicó que estos lineamientos tienen como objetivo erradicar prácticas irregulares, evitar condicionamientos y prevenir que alguien pretenda lucrar con el dolor de las familias.

Asimismo, la normativa garantiza que las familias tienen derecho a elegir libremente la funeraria de su preferencia, sin recomendaciones o interferencias por parte de servidores públicos.

Los lineamientos también establecen la prohibición de recibir dádivas, comisiones o cualquier tipo de beneficio por parte de prestadores de servicios funerarios, con el fin de cerrar espacios a conflictos de interés o prácticas indebidas.

De igual forma, se dispone que las funerarias no podrán contactar a las familias mientras se desarrollen los procedimientos ministeriales o forenses, a fin de evitar presiones o intentos de aprovecharse de su situación.

Además, se instituye que toda comunicación con las víctimas y sus familiares deberá realizarse con respeto, ética y sin presión, privilegiando en todo momento un trato digno y humano.

Carlos Torres Piña subrayó que estas medidas forman parte de una política institucional orientada a fortalecer la transparencia, cerrar espacios a malas prácticas y colocar a las víctimas en el centro de la actuación de la Fiscalía.

Finalmente, el Fiscal General invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la Vicefiscalía de Asuntos Internos, instancia responsable de investigar y sancionar conductas que vulneren los derechos de las víctimas o contravengan la nueva normativa.