No siempre lo que dice la ley es lo que existe. Más bien la ley busca poner orden al caos que genera la conducta humana determinada por el interés personal, sea del tipo que sea. La tensión entre los ordenamientos legales y las conductas singulares interesadas es un campo que suele moverse de un lado a otro bien por el poder del interés económico o la perversidad o bien por la exigencia que reclama una ética de justicia.
Este es el caso de la propiedad sobre el agua. Desde hace décadas la ley respectiva establece que las aguas son propiedad de la nación, y desde hace 13 años se indica que el acceso al agua es un derecho humano. Si así fuera México no se movería, como desde hace algunos años se mueve, al filo de la sequía y las dificultades extremas para que la población acceda a ella.
La realidad es bien distinta. La propiedad del agua está cargada hacia el terreno de quienes detentan poder económico y la carencia de esta es la realidad de los grupos sociales más vulnerables.
En la semblanza propagandística del Plan Hídrico Nacional dado a conocer a finales del 2024 que circula en medios electrónicos e impresos, se reconoce que el país ha vivido un proceso agresivo de privatización de aguas de principios de los noventa hasta la fecha, gracias a una legislación que lo permitió para apuntalar un tipo de desarrollo económico.
Ahí señala que en 75 años la Conagua, o la instancia gubernamental correspondiente, apenas otorgó 2 600 permisos (34 por año) y que en tan solo 10 años las autorizaciones llegaron a la cifra monumental de 360 mil (35,740 por año). El documento, sin embargo, nada dice de la cantidad de aprovechamientos de aguas profundas y de aguas superficiales que nunca fueron autorizados y que desde hace muchos años se roban las aguas nacionales, cifras que deberían agregarse a este diagnóstico
El agotamiento de las cuencas hídricas causada por este alud de autorizaciones, por la apropiación ilegal de aguas, las modificaciones al entorno ecológico como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales y la destrucción de zonas de infiltración hídrica, y las sequías derivadas del calentamiento global, nos han empujado a una grave realidad a la que ya no se le puede dar la espalda.
México se va quedando sin agua. Incluso estados, como los del sur, en los que se disponía de más agua, comienzan a padecer su ausencia. En Michoacán, situado en una zona en la que históricamente el agua no era problema, ahora figura entre las entidades con mayor sequía.
De hecho, para 2025 nuestra entidad tiene un pronóstico de sequía que afectará al 82 % del territorio y en el que la. En un estudio reciente el Dr. Marcial Reyes Cazares publicado en la revista South Florida Publishing, titulado Evaluación de Indicadores Ambientales, Degradación, Contaminación y Cambio Climático… señala la gravedad de los impactos antropogénicos en la disminución de escorrentías, cuerpos de agua y calidad de esta, poniendo el énfasis en la participación humana como causa central de nuestra crisis hídrica.
La urgencia de reordenar el aprovechamiento de las aguas profundas y superficiales, de reutilizar las residuales, de regenerar las zonas de infiltración hídrica y de contener el arrollador avance de la destrucción de bosques, es una tarea que los tres niveles de gobierno deben asumir sin titubeos.
La valoración del agua en términos de políticas públicas deberá atenderse de manera integral. En ello deben comprometer recursos e instrumentos de planeación tanto los gobiernos como los agentes productivos y la sociedad civil. Sin agua no sólo no hay vida, tampoco hay producción ni paz social, sin agua no hay cultura, no hay civilización.
El Plan Hídrico Nacional, que es ya una política pública, contempla "realizar un Programa de Inspección en todo el país". La ejecución de este programa en territorio estatal se encontrará con decenas de miles de aprovechamientos ilegales, con más de 40 mil hoyas privatizadoras de agua e identificará en estas irregularidades la causa de la carencia de agua en ciudades y poblados.
Esta inspección constatará que en temporada de sequía más del 95 % de toda el agua se encuentra privatizada en estructuras ilegales y que no es el 85 % lo que consumen la agricultura y la industria sino mucho más y que el porcentaje dedicado al consumo doméstico es marginal.
Verificará entonces el gobierno, como consta en campo, que el derecho humano al agua nació muerto desde el 4 de febrero de 2012, día en que se incluyó en nuestra constitución, pero que no se operó para permitirle a los agentes productivos más voraces el usufructo exclusivo y privado de un bien que de origen le pertenece a la nación.
La tarea de esta inspección en Michoacán habrá de ser monumental como gigantesco el esfuerzo para poner orden en este esquema inmenso de huachicoleo del agua. No obstante, eso es lo que debe hacerse.
Lograr que el acceso al agua se consolide como el derecho humano que es y que aparezca en el Plan Hídrico Nacional como prioritario, sin duda que es un acierto gubernamental. Lo que falta entonces son los hechos. Lo que falta es que se modifique la propiedad del agua, que no debe ser más de una élite que se apoderó de ella, sino de la nación y por ella de todos los mexicanos.