En tan solo dos meses, el gobierno estadounidense deportó a 42 mil 164 mexicanos con estancia irregular en el país vecino, como parte del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM).

De acuerdo a la información difundida por la secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política Migratoria, señala que las entidades que más reciben a mexicanos son Tamaulipas y Baja California.

Precisa que de los más de 42 mil mexicanos repatriados por E.U, 34 mil 990 son hombres; 3 mil 596 son mujeres y 2 mil 578 menores de 18 años. En primer lugar, está Michoacán siendo el primer expulsor de inmigrantes mexicanos, con cerca de 4 mil 207; en segundo lugar está Oaxaca con 4 mil 92; le sigue Guerrero con 3 mil 322; Guanajuato con 3 mil 176; Sinaloa 2 mil 259; Sonora 2 mil 132; Puebla 2 mil 100 y Jalisco 2 mil 83. En contraste, estados como Baja California, Quintana Roo y Campeche no alcanzan ni un centenar de mexicanos que salen con destino al EU Para que los mexicanos lleguen a sus lugares de origen, fueron instalados por el gobierno federal, 26 puntos oficiales en donde los connacionales pueden arribar para luego ser canalizados a sus estados.

Entre estos puntos, se encuentra el ubicado en Tijuana- Chaparral; el de Nuevo Laredo II "Juárez-Lincoln" y Puerta México (Matamoros II), que son los que más mexicanos reciben durante las repatriaciones.

Por el contrario, en el estado de Chihuahua, los puntos de internación de Puerto Palomas, Zaragoza y Porfirio Parra, las repatriaciones son esporádicas; mientras que en el estado de Tamaulipas, los puntos de Miguel Alemán y Puente Camargo, únicamente funcionan como puntos de repatriación en casos de emergencia.

De igual forma, en el estado de Sonora, las repatriaciones por los puntos de Sásabe y Sonoyta las deportaciones son esporádicas, en tanto que en el punto de Nogales Tres, quedaron suspendidas de forma definitiva por la autoridad estadounidense hasta nuevo aviso.

Cabe mencionar que el programa de Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), entró en vigor en el 2012, a través de la firma de un convenio entre Gobernación y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos de América.

Lo anterior con el objetivo de salvaguardar la integridad física y la seguridad de los inmigrantes mexicanos; pues muchos de los connacionales al buscar la repatriación son expuestos a las agresiones de la delincuencia organizada.