El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma convoca al director General del Centro de la Secretaría de Comunicación y Transporte, Alejandro Lambretón Narro a un debate público ante los medios de comunicación sobre el Ramal Camelinas.
En rueda de prensa, los integrantes de la organización ciudadana comunicaron su interés por confrontar al funcionario federal para que respalde sus dichos con documentos, así como lo ha hecho el Movimiento, quien ha demostrado en un sinfín de ocasiones el riesgo que representa el Ramal Camelinas.
Asimismo anunció Moctezuma Madrigal, representante de la organización sobre el mayor logro que ha obtenido el movimiento, dijo que fue reconocido internacionalmente el caso del Ramal Camelinas por el Tribunal Latinoamericano del Agua ante un posible colapso hídrico, así como por la violación al derecho humano al agua y otros derechos por proyecto de infraestructura vial y urbanización en Morelia.
El veredicto fue a favor de los demandantes, es decir el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María y los demandados fueron la SCT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, el Gobernador del Estado de Michoacán, así como el presidente municipal de Morelia.
Ante la exposición de motivos que presentó el Movimiento en un compilado de 75 hojas, con los documentos, fotografías y videos ya expuestos con anterioridad a la opinión pública, el Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve responsabilizar a las cinco autoridades denunciadas por el daño acumulado a causa de la falta de la debida diligencia, el incumplimiento de sus funciones y el deber de protección de las personas y la Naturaleza de todo riesgo y peligro.
Lo mismo recomienda la cancelación de todo proyecto y de construcción que se sitúe o cruce el área natural protegida de la Loma de Santa María y Depresiones Aledañas, del Parque Ecológico Francisco Zarco y Zona Protectora Forestal Vedada de la Cuenca del Rio Chiquito
Además pide a la Semarnat fortalecer el área natural protegida a través de un plan de manejo, garantizado y promoviendo la participación ciudadana; al ejecutivo federal pide cumplimiento a la ley federal de Responsables administrativas de los servidores públicos; y a todos los funcionarios públicos correspondientes que garantice el pleno acceso a la información.