El anuncio de que Michoacán habría reducido en 70% los homicidios dolosos se hizo después de la reunión que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo en Morelia con autoridades estatales y municipales.

Tras ese encuentro, el gobierno estatal afirmó que, con apoyo federal, Michoacán alcanzaba ya una reducción de 70% en homicidio doloso.

Una reducción de esa magnitud, en un estado con disputas criminales activas, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, desapariciones, extorsión, desplazamientos y control territorial fragmentado, no puede despacharse como logro administrativo sin abrir la caja negra de los datos.

Menos todavía cuando las cifras estatales agregadas pueden ocultar dinámicas municipales radicalmente distintas y el comportamiento de delitos adyacentes debe revisarse junto con los homicidios.

En México, una caída de 70% en homicidios dolosos en ese periodo de tiempo no tiene antecedente claro. Por eso importa la advertencia de Carolina Jasso, de la Ibero, en Menos homicidios, más preguntas, en su estudio se refiere a la reducción nacional de alrededor de 40% reportada por el SESNSP y, aun así, sostiene que el dato no puede tratarse como trofeo, sino como problema público que exige explicación. Si eso vale para el país, con mayor razón aplica para Michoacán.

En América Latina, reducciones semejantes han ocurrido bajo condiciones excepcionales, estado de excepción en El Salvador, ofensivas antipandillas en Honduras o equilibrios criminales discutidos en São Paulo. Si Michoacán presume 70%, debe demostrar qué lo produjo. Un coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, un cambio metodológico, detenciones relevantes o inteligencia operativa. Pero también puede deberse a reacomodos criminales, pactos tácitos, hegemonías territoriales, desapariciones o cambios en el registro de delitos. Sin esa evidencia, el porcentaje deslumbra, pero no convence.

Y ahí está el punto, cuando el Estado anuncia un "avance", una "victoria", pero no abre los datos que permitirían verificarla, no construye confianza pública. Apela a una suerte de fe institucional, casi de dogma. Esa fe en el oficialismo tiene una consecuencia grave, convierte la rendición de cuentas en acto de creencia y debilita el derecho ciudadano a preguntar. En seguridad pública, creer sin verificar no es confianza; es renuncia crítica frente al poder. Nada más, nada menos.


Sí hay una reducción en homicidio doloso, y eso debe reconocerse. Pero la discusión seria no está en negar la baja, sino en exigir que se explique la magnitud del 70%. Cada vida que no se pierde importa. Precisamente por eso, el dato no puede usarse como trofeo sin transparentar su metodología, su distribución territorial y sus causas.

La pregunta seria es si el número resiste una auditoría territorial, metodológica y criminológica.

Una reducción de esa magnitud, en una política pública seria, tendría que responder al menos cuatro preguntas: dónde bajaron exactamente los homicidios; qué pasó al mismo tiempo con las desapariciones; qué ocurrió con categorías adyacentes como lesiones dolosas, delitos contra la vida e integridad corporal, privación de la libertad, amenazas y extorsión; y qué evaluación independiente demuestra que la estrategia causó la reducción.

Si el 70% es sólido, una auditoría lo convertiría en evidencia y podría volverlo replicable para otros estados. Pero si el número solo puede sostenerse mientras no se hacen las preguntas adecuadas, entonces no estamos ante una verdad pública consolidada, sino ante otra postal del país que Sara Sefchovich (2008) describió con crudeza en  su libro País de mentiras, donde estudia la mentira como una práctica arraigada en la vida pública mexicana.

El tiempo dará la razón a la evidencia, no al aplauso. Y en Michoacán, donde las víctimas no caben en una gráfica ni las desapariciones se disuelven en una conferencia, el Estado tiene una obligación mínima, no pedirnos que creamos en el 70%; tiene que demostrarlo.