Hay problemas públicos que con el paso del tiempo y la intervención de las instituciones y la sociedad tienden a la mejoría, es lo deseable. En cambio, y eso parece ser lo regular en los tiempos que corren que esos problemas tiendan a agravarse. Esto pasa con la agenda ambiental.
O bien, ocurre que las políticas públicas son inadecuadas o están bien planteadas, pero fallan en lo más importante, en el hacer. Bajo ese criterio se pueden tener políticas muy bien perfiladas derivadas de abundantes legislaciones, sin embargo, la puesta en práctica adolece de un accionar oportuno y suficiente, y eso es más notorio en casos de sequía.
Puede haber otro obstáculo en el caso de que las políticas estén correctamente diseñadas y es que los actores institucionales se vean amedrentados por los poderes fácticos a los cuales deben regular o lo peor que establezcan compromisos con ellos para obtener beneficios económicos o políticos.
La cuestión ambiental en Michoacán, en gran medida, se desenvuelve en este contexto. Las evidencias de que el deterioro ambiental en nuestro territorio avanza de manera progresiva lo grita la realidad: la deforestación continua, el cambio de uso de suelo está imparable, la apropiación ilegal de aguas es pujante, el control sobre residuos está rebasado, la pérdida de recursos hídricos por contaminación se mira por doquier y la recurrencia de sequías se asoma en las zonas críticas.
El grado de deterioro de la agenda ambiental en Michoacán y con ello el debilitamiento de la rectoría estatal y por ende la dilución del estado de derecho se expresa y reconoce en la violencia ejercida contra los defensores del derecho humano ambiental. Que lo muy destacable de la agenda ambiental deba ser el estado de vulnerabilidad al que están expuestos los que actúan y cuestionan el origen y a los responsables del deterioro natural, es un preocupante indicador, y aún más deplorable que la impunidad sea el estado natural por la ausencia del estado de derecho.
Es una virtud contar con legislaciones particulares que encaren la variada fenomenología de la cuestión ambiental, pero si las leyes no tienen manos, o peor aún los agentes institucionales no tienen voluntad de poco o de nada servirán toneladas de legislaciones. Podríamos tener pocas leyes, pero una observancia rigurosa y eso sería extraordinario. En la clase gobernante se llega a creer que mientras más legislación exista mejores resultados se tendrán. No necesariamente mientras no haya congruencia, consecuencia y determinación para aplicarlas.
La cuestión de la deforestación-cambio de uso de suelo, por ejemplo, está planteada en la legislación federal desde los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado y un poco más para acá en la legislación estatal, sin embargo, en ese tiempo y se ha dicho hasta el exceso, nuestro estado ha perdido el 60 % de sus bosques. ¿De qué ha servido la legislación? ¿De qué han servido las instituciones? ¿De qué han servido los funcionarios públicos?
Para algunos funcionarios la ley parece estorbarles, es el caso del titular de Sader, el ya polémico Julio Berdegué, quien coordinado con la Semarnat de Alicia Barcena, el titular de la Secretaría del Trabajo y el titular del Seguro Social, emitieron un Acuerdo para "legalizar" toda la deforestación histórica hasta el 2019, sin costo alguno, sin retribuir nada para la mitigación ambiental, la recuperación de ecosistemas, etcétera. Con un acuerdo administrativo, que no puede estar por encima del 4° constitucional, pusieron patas para arriba el orden constitucional para favorecer a ciertos sectores productivos.
La agenda ambiental para Michoacán en 2026, agudizada por una muy probable sequía, estará obligada por la realidad, determinada por dos granes campos de intervención: la deforestación-cambio de uso de suelo y la privatización ilegal e inmoral de aguas. La manera en cómo se aborden estos campos decidirá, como lo está decidiendo, el destino de nuestros ecosistemas y la viabilidad de la vida en cientos de pueblos de nuestro estado, y desde luego, el estado del derecho humano a un medio ambiente sano de los michoacanos.
Sin bosques y sin el agua que gestionan los bosques Michoacán tenderá a sequías más recurrentes y a la desertificación de amplias áreas, esto lo sabemos desde la escuela primaria. El costo que esto acarreará será muchas veces mayor que las ganancias obtenidas por la madera ilegal y el cambio de uso de suelo en favor de cultivos altamente rentables.
Qué tanta fuerza tendrá la abundante legislación, las variadas instituciones y los múltiples funcionarios públicos para detener, al menos, el cambio de uso de suelo ligado a los cultivos extractivos, asegurar que el agua siga corriendo hacia las localidades, pueblos y ciudades del estado y proteger la vida de comunidades y activistas que denuncian estos ilícitos. Si hay voluntad y eficiencia, eso se verificará en cada día del año que inicia.
Hay actuaciones que el gobierno debe emprender ya. A finales de noviembre del año pasado ya se reportaba por Conagua una condición preocupante de sequía en 29 municipios y los pronósticos de sequía parecen ser propicios ante la ausencia de precipitaciones. Las luces preventivas en el gobierno deben encenderse.
La sequía no solo amplifica la gravedad de un problema ecológico también desnuda la calidad de las políticas públicas en la materia y la historia de los abandonos en este campo. La actuación gubernamental y social debe pues anticiparse desde ahora. La deforestación-cambio de uso de suelo y la apropiación ilegal de aguas es el combustible de una sequía sin atenuantes y del quiebre de gobernabilidades, hay que recordarlo.