Funcionarios de Tránsito estatal cobran cantidades de entre 10 mil y 30 mil pesos para reinstalar en sus funciones a los elementos cesados por no acreditar los exámenes de control y confianza, lo cual exhibe altos niveles de corrupción detrás de dicho proceso, denuncian los policías que han sido despedidos de diversas corporaciones.

El ex comisario de Tránsito, Marco Antonio Barrera Carbajal, acusó directamete a Eleodoro Rabadán, Jefe de Inspectores, Guillermo Piñón, actual responsable de Peritos, Julio Bautista, delegado en Zinapécuaro, y a Cristóbal Cardozo, comandante de Circulación de Morelia, quienes presuntamente exigieron pagos indebidos por mandato del Lic. Juan Carlos Monroy.

Detalló que 50 de los 90 oficiales dados de baja ya retornaron a sus cargos tras haber liquidado la cuota solicitada, que varía de acuerdo a los rangos y categorías. Así mismo, explicó que ha concluido la fase de recaudación de sobornos entre los afectados por la ola de despidos.

Barrera Carbajal puso en tela de juicio la legalidad y transparencia de las pruebas de control y confianza aplicadas, puesto que en ningún momento se emite un informe sobre los puntos evaluados ni se dan a conocer los resultados obtenidos en cada uno de los parámetros.

"Simplemente nos notificaron que no pasamos las pruebas de confianza, pero no nos indican en qué puntos estuvimos reprobados. Se violaron los derechos laborales de todos nosotros, el aviso oficial está hecho a mano y no viene firmado por el Jurídico ni por el secretario de Seguridad Pública", criticó el ahora desempleado.

Indicó que los efectivos cesados han tratado de acercarse con el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, con la finalidad de exponerle sus inquietudes, sin embargo, no ha sido posible sostener un encuentro pese a contar con el apoyo de la Comisión de Seguriad Pública del Congreso del Estado.

Afirma que el Gobierno Federal ha emprendido una estrategia de depuración de personal en las instancias estatales de seguridad y procuración de justicia, buscando obtener un mayor número de plazas vacantes para colocar a las Fuerzas Rurales, antes conocidas como autodefensas.

"Creemos que el comisionado es el gobernador de Michoacán, ya que no hemos sentido la respuesta ni el apoyo de Fausto Vallejo. Tampoco nos ha acercado al secretario de Seguridad Pública para revisar cada uno de los expedientes y que nos explique ", enfatizó durante la rueda de prensa realizada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El ex comisario de Tránsito advierte que se ha formado un Consejo de Corporaciones con los 280 elementos "corridos" de la Procuraduría General de Justicia, Policía Estatal y de Protección Civil, por lo que podrían intensificar movilizaciones con miras a la recuperación de sus fuentes de empleo.

Por su parte, José María Cázares Solórzano, presidente de la CEDH, comentó que el organismo autónomo ha captado más de 200 quejas de policías y personal retirado de sus obligaciones de formma involuntaria.

"Nosotros estamos pidiendo un informe a las autoridades señaladas como presuntas violadoras de de derechos humanos, es decir, al secretario de Seguridad Pública, al procurador, así como a los responsables de las áreas de Bomberos y GOES", especificó.

El funcionario aclaró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está imposibilitada para emitir recomendaciones mientras no concluya el proceso de investigación de los casos. El ombudsman michoacano cuestionó la eficacia del proceso de aplicación de exámenes de control y confianza.