"Uno de los problemas más grandes que enfrentan las mamás y por consecuencia, las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado es el incumplimiento de las sentencias de pensión alimenticia", destacó la diputada Sandra Arreola Ruíz al presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 856 Bis, 856 Ter y 856 Quater al Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Al presentar la propuesta, la representante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), resaltó que "proteger el interés superior de los menores es deber del estado, y nosotros representantes del pueblo, los integrantes de la LXXVI Legislatura deben darles un efectivo acceso a la justicia a las víctimas de abandono parental".

Las estadísticas acerca de esta situación son claras, aseveró, y dijo que "según un informe del Consejo Nacional de la Judicatura, más de 3 millones de niños en México no reciben pensión alimenticia de uno de sus padres, generalmente del padre, que es quien más comúnmente incumple con su obligación. Mientras que según informes del INEGI reportan que más del 50% de los padres obligados por ley a pagar pensiones alimenticias, no las cumplen regularmente".

"El incumplimiento de las pensiones alimentarias tiene consecuencias devastadoras para los menores, se ve afectado su acceso a la educación, salud y alimentación. Además de comprometer el desarrollo físico y emocional de los niños, perpetuando ciclos de pobreza en las familias que dependen de estas pensiones. La pensión alimenticia no es un capricho, es la obligación que tienen los padres con sus hijos", expuso la legisladora.

Areola Ruíz, agregó que "aunado al incumplimiento en el pago de la pensión, miles de deudores alimentarios despliegan intencionalmente conductas destinadas a evitar su llamamiento a juicio, proporcionando domicilios falsos, incluso frente a las autoridades ante quienes hacen trámites legales o incluso sirviéndose de que niegan conocer su paradero para evitar su llamamiento a juicio y terminan evadiendo sus obligaciones parentales".

Por ello, la iniciativa que presentó tiene varios objetivos en el mismo sentido, primordialmente busca salvaguardar el interés superior de los menores y acabar con la evasión de responsabilidades por parte de los deudores alimentarios, además de que la carga de localización del demandado no caiga sobre el acreedor alimentario que en muchas ocasiones carece de medios para llevarlo a cabo y que tampoco recaiga únicamente en los jueces y actuarios, que si bien, es parte de sus funciones, llega a ser una carga desproporcionada que también deriva en el retardo de la administración de justicia.

"Esta reforma se instruye para que la Unidad de Medidas Cautelares coadyuve con las víctimas de violencia económica en la localización de los deudores, con el propósito de permitir a los justiciables que soliciten la intervención de dicha unidad especializada y para que dictamine si un deudor es localizable y el lugar donde debe ser notificado; o si bien, no es localizado, se inicie el juicio en su contra directamente con la citación por edictos, que, además, deberán ser pagados por las víctimas con arreglo a la posibilidad económica que arroje el propio dictamen de la Unidad de Medidas Cautelares, debiendo ser exceptuadas de dicha carga económica las personas en situación de precariedad", agregó.

Hizo un llamado a los legisladores a avalar esta reforma que "constituirá un avance significativo en la tutela de los menores, que se convierten en las víctimas de los casos de incumplimiento y contribuirá al derecho de igualdad de todas las mujeres que asumen en soledad la condición de madres y padres de familia".