Durante su participación como conferencista del foro Los Derechos Humanos en México, transformaciones e implicaciones a la luz de la reforma constitucional del 2011, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Alejandro González Gómez, presidente del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán y del Poder judicial, comentó que si bien es cierto que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos (DDHH) ya se conoce como la más importante de este siglo, para él, por ser penalista, es igual de importante que la reforma penal de 2008.
Durante su conferencia La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011: ¿Hacia la configuración de un nuevo paradigma judicial?, González Gómez repasó los aspectos más importantes de esta reforma, considerada un nuevo paradigma judicial que contiene aspectos de alto impacto desde el punto de vista de la judicatura, y donde se incorporan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que "los jueces tendremos que redefinir la forma en que hacemos nuestro trabajo".
Hace sólo 8 meses fue publicada en el diario oficial de la federación y representa el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, esto es porque ahora armoniza con las normas constitucionales internacionales; antes se hablaba de "garantías individuales", ahora se habla de "derechos humanos y sus garantías".
González Gómez comentó que la reforma en materia de derechos humanos es una gran contribución a la reforma penal en 2008, "hay personas que todavía piensan que puede darse marcha atrás en los llamados juicios orales pero después de la reforma de 2011 es imposible porque eleva el estándar internacional y uno de los procesos donde más cuidado está el respeto a los derechos humanos es en el proceso penal". Es por lo anterior que la reforma constitucional de 2011 apuntala y consolida la reforma penal, puesto que el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal es más garantista.
Asimismo, comentó que el nuevo sistema acusatorio adversarial oral incluye grandes transformaciones, tanto jurídicas (la reconfiguración del modelo) como culturales; por ejemplo, en materia de derechos humanos y la forma en que las autoridades afrontan la protección de éstos, "así como la obligación que tenemos todas las instituciones y autoridades de garantizar esta protección".
Mencionó además que con ambas reformas las implicaciones "no sólo son para las autoridades sino incluso para la sociedad misma y los propios medios de comunicación, puesto que estos últimos tienen el reto de adaptarse a la nueva terminología y procedimientos, así como contribuir para que ambas reformas (derechos humanos y justicia penal) puedan implementarse de manera satisfactoria en la sociedad"; apoyarán en el lenguaje que se va a utilizar y en el respeto de los derechos que están consignados en los nuevos ordenamientos, como la presunción de inocencia y la forma de presentar al imputado, al que no se le llamará reo ni indiciado, pues se le imputa un hecho que no ha sido considerado como delictivo ni la persona ha sido señalada como penalmente responsable.