"Michoacán no es la excepción en un escenario de amenazas a comunicadores", aseguró Raúl López Tellez, subdirector de información del diario Cambio de Michoacán, durante el homenaje que se realizó al corresponsal en Paracho de dicho diario, Ramón Ángeles Zalpa, desaparecido hace tres años.

El museo del Estado en esta capital fue el escenario en el que se hizo un llamado a las autoridades para la resolución no solo de este caso, sino de todos los que se viven en la entidad y el país.

Actualmente son 4 los casos registrados de periodistas desaparecidos en Michoacán: Ramón Ángeles Zalpa, María Esther Aguilar, Antonio García y Mauricio Estrada.

A decir de López Téllez, la creciente irrupción del narcotráfico en la entidad ha generado amenazas contra comunicadores y reporteros en el interior del estado lo que ocasiona un gran vacío para conocer lo que ocurre en realidad al eliminar las coberturas directas.

Agregó que la intolerancia y la falta de criterio en ciertas esferas del gobierno constituyen amenazas en la entidad para el comunicador, "toda vez que a nombre de convenios o alguna relación comercial se coarta a estos para abordar problemáticas específicas".

Lo anterior se agrava tomando en cuenta que no existen organizaciones sólidas de comunicadores, quienes cuentan con una situación laboral precaria, con bajos salarios y falta de condiciones que más allá de la seguridad hacia su trabajo, cumplan con las prestaciones sociales mínimas que le garanticen el acceso a la salud, la vivienda y la educación para sus hijos.

"Vencer esta realidad no es fácil, si a la vez no existen empresas de comunicación sólidas en lo económico y con independencia en todo lo posible ante los poderes formales y fácticos, que preserven la función social de informar a la par que promuevan la investigación, la denuncia plenamente sustentada y las garantías y protección al trabajo de un periodista que debe ser apoyado y capacitado constantemente para enfrentar y resolver los modernos desafíos que implica su trabajo en este contexto difícil", afirmó.

En ese sentido, expresó que en la forma en que ésta situación pueda cambiar, el trabajo del comunicador contribuirá a su vez a generar mejores estadías de desarrollo en una entidad como Michoacán, que vive en el rezago, ya que la falta de información también representa un lastre para que la sociedad avance.

Expresó que en el estado desde el 2006 hasta el 2010, 5 periodistas han sido asesinados y no se conoce la suerte de tres compañeros, entre ellos la de Ramón Ángeles Zalpa.

"Como comunicadores y como partes activas de la sociedad debemos de tener presente que la memoria es un recurso muy importante para enfrentar el olvido al que los poderosos, los asesinos, los que desaparecen quieren convertir este país en un país callado, en un país con miedo", afirmó.

López Téllez agregó que al igual que las primeras horas de la desaparición de Ángeles Zalpa se le solicita a la Procuraduría General de Justicia Estatal que no se archive el caso como el de otros trabajadores de medios informativos en el estado que corrieron igual suerte.

Así mismo solicitó a las instancias federales, concretamente a la Fiscalía Especializada para Atender Agresiones Contra Periodistas, que coadyuven efectivamente con la investigación y ofrezcan resultados a la mayor brevedad posible.

Y así como el caso de Ramón, en el resto del país se viven casos similares, en los que no hay respuesta de parte de las autoridades, de acuerdo con Raúl López Téllez la sociedad "se enfrenta al silencio de los gobiernos federal y estatales para dar cuenta sobre agresiones muertes y desapariciones de comunicadores, lo cual se constituye en un abierto riesgo para que la impunidad se mantenga".

"No hay nada peor que le puede suceder a una sociedad que silenciar a sus periodistas, con lo cual se cierran los canales a la investigación y el comprobar hechos que le den a la sociedad misma elementos de análisis que normen su conducta para una participación responsable en una sociedad realmente democrática, donde la contra parte, la de las autoridades, es salvaguardar este ejercicio del derecho a la información".

Cifras alarmantes
Raúl López Téllez afirmó que desde que iniciaron los gobiernos panistas su mandato en la presidencia de la república y con el gobierno del PRI que retomó Los Pinos, la situación no ha cambiado.

Dijo que organizaciones como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras documentaron la desaparición y asesinato de más 72 comunicadores muertos y 15 desaparecidos durante las administraciones de Acción Nacional, cifra que proporcionalmente es mayor que los reporteros caídos en Afganistán y las Guerras del Golfo.

Mientras que en lo que va de este sexenio son varias las amenazas y aversiones, así como atentados directos contra medios informativos, hechos que ocurren bajo la misma dinámica, "la indiferencia de las autoridades y su cinismo pleno como el que una asociación de editores pretenda premiar al gobernador de Veracruz como defensor de la libertad de expresión cuando es en ese estado donde, a finales del 2012, ocurrieron la mayoría de atentados contra comunicadores".

En su último informe Artículo 19 señala que durante el 2012 se registraron 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 estados de la república, la cifra se ubica un 20.34 por ciento por encima de lo registrado en el año anterior. Esto es 35 casos más de los documentados en todo el 2011.

Agregó que 7 informadores fueron asesinados en represalia por su labor periodística o en el contexto de coberturas informativas y que puede hablarse de la desaparición de dos comunicadores y 8 atentados violentos contra medios de comunicación en el 2012.

"La organización también documentó que desde 2011 las agresiones y amenazas dirigidas por funcionarios públicos en contra de comunicadores ha aumentado un 45 por ciento, constituyéndose en la principal fuente de amenaza directa al trabajo de los periodistas".

Así mismo aseguró que no se ha esclarecido ninguna agresión denunciada, lo que convierte al País en una "ínsula en contra de los comunicadores que enfrentan la presión de la delincuencia organizada como el principal poder fáctico en contra de la verdad, así como la mayor injerencia de la iniciativa privada y de la intolerancia del poder público".

Consideró que la debilidad del Estado y la impunidad son los riesgos de mayor envergadura contra la libertad de expresión en México, amenazas que van en aumento contra el oficio de informar y que se reproducen por igual en el estado de Michoacán.

Así también se suma la falta de unión del gremio periodístico del país, "por lo que ante arbitrariedades y muertes no hay una lucha consistente que exija a las empresas periodísticas mayores condiciones de seguridad laboral, implementar protocolos de seguridad y protección entre los comunicadores y avanzar en estrategia conjuntas de investigaciones sobre temas de riesgo".

López Téllez agregó que la exigencia por preservar la libertad de informar debe asumirse tanto por universidades, como organizaciones sociales, civiles y personalidades públicas, y no solamente por los comunicadores para evitar que más allá del miedo y la inmovilidad que genera, el silencio se cierna sobre el país y entonces los intereses de quienes "parecen actuar con toda la libertad para asesinar comunicadores".