SEP 202012 En Michoacán, al igual que en el resto del país, de cada 10 delitos cometidos 7 no se denuncian, así lo explicó Félix Francisco Cortés Sánchez, Juez de Ejecución de Sanciones Penales, quien explicó que factores de carácter sociológico como el que el Ministerio no haga caso, saturación en el ministerio y la no atención de denuncias son las causas principales que originan que los ciudadanos no levanten su denuncia. Explicó que de esos tres delitos denunciados solamente uno se consigna, generalmente porque no había delito de fondo, la averiguación previa estaba mal integrada o porque se cuenta con una muy buena defensa. Lo anterior, en el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se podrá mejorar, expresó Cortés Sánchez, ya el nuevo sistema garantiza un proceso más ágil y transparente, en el que la prisión preventiva deja de ser la primera opción que la ley dispone y se convierte en la última, esto es que se reserva para los hechos más graves y relevantes y se utilizan otro tipo de medidas cautelares. Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre tomaron protesta 7 jueces de ejecución de sanciones, quienes el primero de octubre entrarán en funciones en las 6 regiones del estado en que se ha dividido la implementación de la reforma penal. En ese sentido, el juez Cortés Sánchez, adscrito a la región de Morelia, explicó que la figura de un juez de ejecución de sanciones es la encargada de resolver lo relativo a la modificación y duración de las sanciones penales, una vez impuestas por la autoridad judicial competente. Entre sus facultades se encuentran: Verificar el correcto cumplimiento de las penas impuestas en sentencia. Resolver las solicitudes que formulen los sentenciados, sus defensores y la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, sobre el otorgamiento de beneficios y sustitutivos penales. Resolver las peticiones que realicen las víctimas u ofendidos sobre la ejecución de la reparación del daño. Resolver los recursos que los internos (procesado y sentenciados) interpongan contra las determinaciones de las autoridades penitenciarias. Supervisar las condiciones de los centros de reclusión, mediantes visitas periódicas. |
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