SEP 112024 Al advertir el inicio de la discusión esta semana en la Cámara de Diputados, programada en breve en la Cámara de Diputados, Laura Ballesteros, mencionó la falta de atención sobre el tema al estar centrada la agenda mediática en la reforma al Poder Judicial Federal (PJF), el último poder con autonomía de México, a punto de perderse en caso de aprobarse los cambios a discutirse hoy en el Senado referente al Poder Judicial. La Diputada Federal enlistó los riesgos de la militarización de la Constitución del país, a través de la transferencia de 227 funciones civiles a los militares, como incluir a todos los guardias nacionales en la Sedena, ser una institución plenamente militar, permitir a militares ser presidentes de México, injerencia en asuntos civiles, así como solo ser juzgados en juzgados castrenses sin importar violaciones a derechos humanos en contra de civiles. "De aprobarse dicha iniciativa, México se encontraría ante la militarización total y permanente, no solo de la seguridad pública, sino de todos los asuntos civiles que determinen los poderes Legislativo y Ejecutivo. Dicha reforma implicaría la consumación de la militarización y del militarismo en nuestro país, y pone en riesgo su carácter democrático". Para evitar la militarización del país, Laura Ballesteros, adelantó la presentación de una contrarreforma basada en siete puntos centrales. El primero de ellos, es que todos los mandos de la GN sean civiles; asimismo, así como un plazo de tres años, para que al menos la mitad de la GN tenga un origen o formación civil. Dos, regular las funciones de la GN a través de una participación en casos extraordinarios y siempre fiscalizados a través de informes. Tres, transparentar el uso de recursos públicos. Cuatro, juzgar a los militares conforme a leyes civiles en caso de delitos que afecten a la población. Cinco, impedir que militares sean titulares del Ejecutivo Federal. Seis, prohibición de que las leyes faculten a los militares participen en funciones civiles, en apego al artículo 129 constitucional, así como un plazo de un año para que todos los recursos y las funciones civiles que les hayan sido transferidas sean regresados a las instituciones civiles de origen. El último punto de la propuesta de contrarreforma de Laura Ballesteros, es la prohibición de transferir recursos a las Fuerzas Armadas que no estén establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). |
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