ENE 092020 Lo anterior, derivado de los pronunciamientos emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a su informe especial 2019, sobre los lugares de privación de la libertad que dependen de la Fiscalía General de la República, Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados, y de la Ciudad de México. En atención a estos lineamientos, y por instrucciones del Fiscal General, Adrián López Solís, la FGE, comenzó con los trabajos de mejoramiento de los espacios de internamiento de esta institución, para que las personas que son privadas de la libertad, por su posible relación en un hecho delictivo, permanezcan en un lugar digno mientras se resuelve su situación jurídica. Personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos; Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y Coordinación General de la Policía de Investigación, realizó la colocación de material informativo y de difusión, respecto a los derechos que tienen las personas detenidas o imputadas. De igual forma, se habilitaron líneas telefónicas en el lugar, a fin de garantizar que las personas ejerzan su derecho a realizar una llamada, derivado de su detención, además de una remodelación integral en toda el área. A fin de continuar con estos trabajos, entre los que destacan la sensibilización del personal que integra estas áreas, se comenzará a la brevedad con una agenda de recorridos por las diferentes fiscalías regionales, a efecto de replicar estas acciones y lograr lo establecido en el MNPT, así como a las obligaciones constitucionales y legales que le asisten a la FGE, en materia de derechos humanos y personas detenidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, y entre sus funciones están las de prevenir actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad; promover el respeto de la legalidad; impulsar el mejoramiento de las condiciones de alojamiento y alimentación digna; y proteger la satisfacción de las necesidades de las personas con requerimientos específicos en lugares de detención. |
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