AGO 292021 En reunión celebrada en la comunidad indígena de Jarácuaro, el gobernador electo afirmó que lo primero es reconstruir las buenas relaciones con el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que lleva a cabo reuniones de trabajo con funcionarios federales para acordar los principales proyectos de desarrollo para Michoacán. Señaló que hay mucho por hacer, pero pocos recursos, indicó que la deuda asciende a más de 22 mil millones, se tiene un déficit de 13 mil millones de pesos y para poder sacar el año se tiene que pagar salarios a médicos, enfermeras, policías, y a las y los profesores; "tenemos que ordenar el desorden que nos van a entregar y tener claros los objetivos", afirmó. Indicó que con la nueva ley orgánica municipal se establece el derecho de las comunidades indígenas y de las 129 jefaturas de tenencia, también indígenas, a la autodeterminación; así mismo afirmó que su primer compromiso es la voluntad política para que se cumpla con el marco legislativo: "que todos los presidentes municipales,así como el Instituto Electoral de Michoacán, se apeguen a la ley, y que en un año se haya consultado a las 129 tenencias en asamblea previa, informada y democrática si quieren presupuesto participativo o presupuesto directo". Durante la reunión con el Consejo Supremo, representantes de distintas comunidades leyeron y entregaron el pliego petitorio del CSIM en el que se le solicita, una vez en funciones como gobernador constitucional, dé solución a distintas problemáticas que existen en las comunidades indígenas. Alfredo Ramírez señaló que se trabajará en la reforma de la Comisión Estatal de Víctimas, y se buscará que los diputados modifiquen la ley para que se conforme como Comisión de Víctimas, de la Verdad y Justicia en Michoacán, y con ello lograr la reconciliación y la paz. Señaló que se revisarán los proyectos presentados en el manifiesto con cada comunidad, y les propuso se sumen a una nueva reforma de ley de obra pública a través de las obras por cooperación, que consiste en coinversión pública entre gobiernos y ciudadanos. |
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