JUL 062022 "En esta iniciativa se establecen las condiciones mínimas de protección a la salud que deberán cumplir las instituciones que proporcionen estos servicios, así como los marcos de actuación del personal encargado de llevarlos a cabo, impidiendo a su vez la realización de prácticas de manipulación genética y cualquier tipo de abuso cometido en contra de las parejas que utilicen estos servicios, en contra de los embriones y en el manejo de material genético humano". Gaona García explicó que esta propuesta pretende fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia reproductiva y otras formas de violencia contra las mujeres, con pleno respeto a sus derechos humanos, destacando problemáticas que requieren la mayor atención, como lo es la esterilización forzada, la cual debe ser sancionada. "Resulta de la mayor relevancia prestar atención a los abusos que se suscitan en esta materia y que, al no encontrarse debidamente tipificado en las legislaciones penales, continúa siendo fuente de casos de impunidad en contra de los agresores que actúan de manera dolosa para provocarla. Así mismo, brindar una esfera de protección integral, por lo que una regulación de esta naturaleza es urgente para garantizar la prevalencia de los bienes jurídicos de la vida, del acceso a la salud, y de la libertad de decisión de las parejas que desean someterse a las técnicas de reproducción asistida". Bajo estos argumentos, el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, detalló durante su exposición los procedimientos, implicaciones y la responsabilidad de las clínicas y los prestadores de los servicios de salud para resolver el vacío legal, que vulnera los derechos de las personas que se someten a ese tipo de técnicas. |
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