AGO 032017 El activista señaló que uno de los principales problemas para el uniformado es que no cuenta con los mismos derechos laborales que el resto de la población, pues así lo estipula el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El entrevistado señaló que como consecuencia de esto es fácil despedirlos actualmente. Asimismo señaló que hay cerca de 400 sentencias favorables a sus ex colegas por haber sido despedidos hace dos años que todavía no se pagan y representan un monto de 20 millones de pesos, además de otros 200 sin sentencia. Esta información coincide con la que brindó Griselda Lagunas Vázquez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, el pasado 25 de mayo a este medio, en la que señaló que cerca de 30 por ciento de los dos mil asuntos que se declararon procedentes sobre el cese de policías que trabajaban con el antiguo sistema de justicia penal están pendientes de reportar cumplidas sus resoluciones de indemnización y que aún hay 200 casos por resolver. También se detalló que se busca hacer saber a la sociedad de la importancia de proteger al policía como un ser humano más. |