FEB 142021 Para el encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, una ley de esa naturaleza implica el consenso de todos los actores, primordialmente de las víctimas del delito, de los familiares de personas desaparecidas, de organizaciones de la sociedad civil; así como de especialistas y académicos; a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos. A continuación el pronunciamiento completo: La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) reitera el llamado al Senado de la República para que no sea aprobada la iniciativa por la cual se expide la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR); asimismo, se suma al pronunciamiento realizado por el Sistema Nacional de Búsqueda y diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familias que han llamado al senado a abrir la discusión pública por medio de un parlamento abierto. Buscar la realización de un ejercicio de parlamento abierto es un principio básico de todo Estado de derecho, y particularmente de la promoción y respeto a la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Con ello se promueve la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; se utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de su trabajo por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por las contralorías internas y otros organismos constituidos para ello. Fortalecer las prácticas de parlamento abierto, con mayor participación ciudadana en la elaboración y reforma de leyes, fue uno de los compromisos asumidos por esta legislatura, como parte de la transformación política y social que se busca en México. Este ejercicio debe ser una tarea diaria y, dada la relevancia de la iniciativa por la cual se expide la nueva ley de la FGR, al igual que los impactos que representa para la garantía de los derechos humanos en la nación, la FMOPDH reitera la petición de instituciones, organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues una iniciativa de ley, así como las reformas que la acompañan, requiere de un amplio consenso no sólo de los actores políticos, sino de la escucha, en un parlamento abierto, de las víctimas, especialistas, academia, grupos sociales, y a toda aquella persona que lucha todos los días por la garantía y respeto de sus derechos humanos y los de sus familiares. |
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