AGO 132013 Actualmente, la paraestatal paga impuestos al Estado mexicano cercanos a 72% de sus ingresos, por encima de los pagados por Petrobras en Brasil (42%) o por la empresa estatal noruega Statoil (29%). Esta nueva disposición hacendaria tendría forzosamente un impacto en las finanzas del Estado mexicano que recibiría un porcentaje menor de recursos producto de los impuestos que paga la paraestatal. Sin embargo, las coincidencias entre PAN y PRI parecen esbozar un acuerdo entre estas dos fuerzas políticas de cara a aprobar una reforma energética que necesita de la mayoría calificada de las dos cámaras legislativas (dos terceras partes). Al comparar la propuesta presentada por el Presidente de la República en comparación con la del PAN, queda claro que la del blanquiazul es más ambiciosa en materia de apertura. La iniciativa de los senadores del PAN contempla apertura en la totalidad de los sectores de la cadena petrolera, mientras que la priista se circunscribe a áreas donde el Estado perciba un "interés público". Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien anunció los ejes de su futura iniciativa en un evento en julio pasado, se refirió a la propuesta del PRI como "privatizadora" y "que busca dividir la renta energética". En la reforma energética presentada por el Presidente Peña Nieto, donde muchos detalles siguen estando en las sombras y se espera que sean contemplados en las reformas secundarias, el artículo 27 de la Constitución se convierte en el eje normativo que permitiría las asociaciones público-privadas que podría emprender Pemex. "No se otorgarán concesiones, sin perjuicios a que el Estado pueda celebrar contratos con particulares". Con ello, Peña Nieto retoma la redacción de este artículo que se desprendió de la expropiación y reforma petroleras del año 1938, donde se permitían los "contratos de riesgo" y distintos esquemas de colaboración de Pemex con empresas privadas. También, el Presidente busca vincularse a Lázaro Cárdenas quien históricamente ha constituido un símbolo para la izquierda mexicana. Sin embargo, no utiliza el nombre de "contrato riesgo", sino que prefiere crear la figura de "contrato de utilidad compartida", que no sólo prevén pagos de servicios (como en las actuales "contratos incentivados"), sino que son más ambiciosos en compartir la renta energética proveniente de los yacimientos. La página de la Presidencia de la República destaca como "bondades" de la iniciativa presentada por Peña Nieto: bajará el precio de la luz y el gas; medio millón de empleos adicionales; crecimiento del PIB de 1% en 2018 y de 2% adicional en 2025; más recursos para el presupuesto y que es una "reforma cardenista". La iniciativa del Presidente, y también la del PAN, toca la Constitución y por lo tanto necesita la construcción de una mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso de la Unión. Es decir, 85 senadores y de 334 diputados federales. Asimismo, es necesaria que la reforma sea aprobada por la mitad más uno de los congresos de los estados, 16 legislaturas locales. Los equilibrios partidistas en el Congreso permiten que una alianza PAN-PRI y los aliados del tricolor, PVEM y Panal, reúnan 70% de las dos cámaras, lo que sería suficiente para reformar la Constitución. |
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