NOV 292022 La firma de este convenio, destacó el Fiscal General, Adrián López Solís, representa una oportunidad para aprovechar las fortalezas interinstitucionales y brindar mejores servicios y condiciones de acceso a la justicia a las personas que integran estos grupos, además de ser es un nuevo punto de partida para evaluar lo realizado en esta materia, al visibilizarse mediante la colaboración de todos los actores, necesidades y problemáticas que nacen de la interculturalidad. Al encabezar este encuentro en compañía de Celerino Felipe Cruz, encargado de la Oficina de presentación del INPI en Michoacán, López Solís reconoció que aún queda un gran camino por recorrer en esta materia, pero confió en que, con la colaboración de todas las instancias, se fortalecerán las rutas de trabajo. En ese sentido, subrayó que la FGE ha venido trabajando en la implementación de áreas como la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión que está integrada por la Unidad de Atención para Personas Indígenas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, misma que se encarga de atender específicamente estos temas, dando certeza en la investigación de los casos. Al hacer uso de la palabra, Celerino Felipe Cruz, reconoció el compromiso que ha mostrado la FGE y su titular, al poner a disposición todos los servicios con los que cuenta, así como los canales de comunicación para que este convenio pueda desarrollarse de manera óptima. Entre las acciones específicas de este convenio se encuentra, brindar acceso a la justicia a las personas, indígenas y afromexicanas, mediante la asesoría de agentes de Ministerio Público, peritos y Policía de Investigación con perspectiva de interculturalidad, derechos humanos y marco normativo de los pueblos indígenas, usos y costumbres, asimismo, asistencia de intérpretes y traductores en las lenguas indígenas. El convenio también contempla acciones específicas para garantizar a las mujeres de estas comunidades, en situación de violencia, acceso a la justicia con las facilidades de asesoría y canalización para su atención legal, médica y psicológica a través de protocolos especializados, con colaboración de instancias de atención a la mujer y a la niñez de los tres órdenes de gobierno. El evento contó también con la participación de Rosario Berber Cerda, directora General Jurídica y de Derechos Humanos y el fiscal especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la FGE, Mario Alberto García Herrera, así como Karina Lizzeth Sánchez Ballesteros, responsable Jurídico de la Oficina de Representación del INPI en Michoacán. |
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