MAR 282026 Tal es el caso de una sentencia dictada por un juez de Zamora a cuatro personas por 50 años de prisión, el pago de multa por más de 384 mil pesos, la reparación del daño material por más de 176 mil pesos y la suspensión de sus derechos políticos, ello por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado. De acuerdo con los hechos, la víctima fue privada de su libertad en diciembre de 2022 y trasladada a la Ciudad de México, donde fue mantenida en cautiverio mientras se exigía un rescate de 8 millones de pesos. Posteriormente, fue liberada por autoridades y los responsables detenidos. En la misma región, Miguel Ángel "N" fue sentenciado a 25 años de prisión, el pago de más de 518 mil pesos por concepto de reparación del daño, el pago de gastos funerarios en favor de las víctimas indirectas y la suspensión de sus derechos políticos por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona de identidad reservada. De acuerdo con hechos acreditados en juicio, la víctima fue atacada con armas de fuego mientras circulaba en motocicleta y posteriormente perseguida, siendo privada de la vida tras una agresión directa. De igual forma en Zamora, un juez dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra Crispín "N", al acreditarse su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en agravio de una niña de identidad reservada. Determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que la sentencia cause ejecutoria; el pago de la reparación del daño material y moral, que será cuantificado en la etapa de ejecución de sanciones, y la suspensión de sus derechos políticos durante el tiempo de la pena. Y finalmente, en la región de Uruapan, por homicidio calificado en agravio de un hombre de identidad reservada y por homicidio calificado en grado de tentativa contra una persona de datos protegidos, un juez dio 30 años, 1 mes y 25 días de prisión a Jorge Alberto "N" durante la realización de una audiencia de individualización de la pena. Bajo el expediente 28/2024, la sentencia condenatoria además incluye el pago de la reparación del daño, cuantificable en etapa ejecución de sanciones, la cual no podrá ser menor a 549 mil 451 pesos; y se suspendieron los derechos políticos por el mismo lapso de la pena de prisión. |
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